El Salvador y Honduras comparten frontera y desafíos. Tienen unas de las mayores tasas de asesinatos del mundo y sus habitantes sufren una inseguridad endémica, ahora también comparten este “modelo Bukele” de lucha contra el crimen.
“La reducción de homicidios y extorsiones” que reporta el gobierno salvadoreño “ha hecho que gobiernos como el de Honduras traten de imitar a Bukele”, dice Leonardo Pineda, analista e investigador social.
Es una observación que comparten centros como WOLA, advirtiendo de “la normalización” de este método que emplea a la fuerza pública y limita derechos.
“En estas poblaciones con hastío de violencia, el modelo de Bukele genera simpatías y puede volverse en una tendencia que los políticos se entusiasmen en aplicarlo”, dice Sosa.
Los analistas hondureños señalan una diferencia sobre cómo se aplica en ambos países.
Sosa opina que las prórrogas del estado de excepción en Honduras son un síntoma de que la violencia no se ha controlado.
“También percibo un intento de equilibrar el mantenimiento de estos estados de excepción y el respeto a los derechos humanos”, dice el experto.
“No está siendo una tierra arrasada por la policía en colonias y casas como en El Salvador”, añade Sosa, aunque medios hondureños reportan presuntas detenciones arbitrarias e irregularidades en procedimientos judiciales.
Pineda advierte que muchas medidas parecen “más propaganda que acción” y que muchas comunidades no sienten sus efectos.
“La extorsión no ha parado, con excepción de algunas comunidades en las que aparentemente las mismas maras han decidido parar para no calentar más los territorios”, afirma Pineda.
Ambos analistas apuntan que la policía es más “débil” y no cuenta con un apoyo tan abierto del ejército como en El Salvador.
Pineda dice que la mano dura de Bukele está provocando una “migración de pandilleros de El Salvador hacia otros países de la región y se está empezando a notar en Honduras”.
“La mayoría de criminólogos coincide en que cuando un país ataca como Bukele y los otros vecinos tienen más flexibilidad, estos pueden convertirse en refugio y ampliación” de grupos delictivos, explica Sosa.
Según analistas hondureños, el estado de excepción no tiene el mismo apoyo del ejército que en El Salvador.
Las autoridades hondureñas también han observado “una mutación” de las estructuras criminales, moviéndose de zonas urbanas a rurales en municipios sin estado de excepción.
Aunque las autoridades hablan de una disminución de los homicidios, Honduras vive semanas sangrientas. En los primeros dos meses de 2023 se han producido nueve masacres cuyos móviles no están claros.
Tras la última ocurrida a comienzos de marzo, Castro lanzó un ultimátum a la Secretaría de Seguridad para detener esta última escalada de violencia a pesar del estado de excepción.
El reto de atacar la raíz
La gran crítica al “modelo Bukele” es la ausencia de un plan más allá de las medidas de excepción.
“¿Qué va a pasar cuando se suspendan estas acciones represivas contra los derechos humanos si no se atacan las raíces?”, se pregunta Pineda.
Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica en Wola, recuerda que “limitar derechos constitucionales supone un riesgo enorme de que ocurran violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias y se cometan abusos de autoridad”.
