El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma para castigar con hasta 30 años de cárcel a quien ataque con drones a fuerzas de seguridad.
También se establece una pena de tres a 10 de cárcel a quien vigile a funcionarios públicos con este tipo de vehículos para evadir su acción o ejecutar agresiones en su contra.
El documento se envió a la Comisión Permanente del Congreso y en breve iniciará el proceso para darle trámite en comisiones.
La iniciativa reconoce que ahora es más fácil comprar una aeronave pilotada a distancia debido a la disminución de sus costos, por lo que hay mayores probabilidades de causar alguna afectación a las personas y sus bienes, además de problemas en la seguridad aérea.
Actualmente, organizaciones delictivas realizan actividades en las que utilizan artefactos aéreos no pilotados que adaptan para transportar explosivos que son lanzados a personas, utilizados en enfrentamientos y contra autoridades de los distintos órdenes de gobierno.
