El secretario general de gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, anunció que se está evaluando la posibilidad de trasladar a reclusos de alta peligrosidad en el estado a Centros de Readaptación Social federales, esta medida se toma como parte de los esfuerzos por prevenir futuros motines como el ocurrido en el Cereso 3 de Ciudad Juárez el pasado 1 de enero.
El motín en el Cereso 3 resultó en la trágica muerte de siete reclusos y dejó a otras diez personas, incluido personal penitenciario, con heridas, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al Gobierno del estado de Chihuahua relacionada con este incidente.
Según la Recomendación 132/2023 de la CNDH, se encontraron condiciones precarias en el Cereso3, incluyendo sobrepoblación, hacinamiento y falta de personal de custodia, condiciones que ya habían sido señaladas previamente.
Además, se destacó que un grupo armado había atacado el centro penitenciario, extrayendo a varios reclusos después de disparar contra el personal de seguridad y custodia.
La investigación también reveló la existencia de un cogobierno y autogobierno entre los internos, así como actividades ilícitas y zonas de privilegio dentro de la prisión.
Testimonios indicaron que el personal de la Guardia Nacional presuntamente disparó a personas privadas de la libertad, causando heridas y muertes.
