Pese a la información recabada, un reporte de la Sedena, difundido por el gobierno a 9 años del caso Iguala, no es concluyente sobre el paradero de los estudiantes
A nueve años de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, el caso se mantiene abierto al no haber pistas sólidas sobre su paradero.
El informe Ayotzinapa, narrativa de los hechos de acuerdo con las investigaciones, realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional y difundido ayer por el gobierno federal, ofrece una lista de las 15 instituciones que aportaron 41 mil 297 documentos, testimonios, entrevistas, archivos, fotografías, audios, videos y mapas, pero sin concluir dónde terminaron los jóvenes.
Se detalla que hay 132 detenidos, entre ellos 41 integrantes de Guerreros Unidos, 71 policías de los tres niveles de gobierno y 14 militares.
Establece tres posibles causales de las desapariciones, que ya habían sido consideradas en las primeras investigaciones: que fue una confusión de Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de Los Rojos entre los estudiantes. También, que se les quiso dar un escarmiento en un contexto de amenazas de parte del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, contra quienes los normalistas habían protestado debido al asesinato de tres dirigentes sociales. La otra hipótesis es el trasiego de enervantes y la eventual presencia de droga, armas o dinero en los autobuses tomados.
Entregan el informe de los 43 sin respuestas
El documento oficial sobre la desaparición de los estudiantes hace 9 años no es concluyente, a pesar del cúmulo de información y de 132 detenidos
El gobierno de México hizo público ayer un documento sobre la desaparición, hace nueve años, de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos, titulado Ayotzinapa, narrativa de los hechos, de acuerdo con las investigaciones, que no es concluyente para lo que falta del caso: dar con el paradero de los jóvenes.
El documento gubernamental ofrece una lista de las 15 instituciones que en estos nueve años de investigaciones aportaron 41 mil 297 documentos, testimonio, entrevistas, archivos institucionales, fotografías, audios, videos, mapas, aunque en ninguno de éstos revela dónde terminaron los normalistas desaparecidos entre la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
De las 15 instituciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la que aportó más documentación, según la numeralia oficial, con 17 mil 61 fojas.
El informe gubernamental no enumera entre sus fuentes de información a la Administración para el Control de Drogas (DEA) por sus siglas en inglés, que le entregó al gobierno mexicano aproximadamente 23 mil mensajes de texto entre integrantes de la banda delincuencial Guerreros Unidos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador le solicitó a la vicepresidenta Kamala Harris.
El informe oficial también presenta un acumulado de 132 personas que actualmente están detenidas en diversos penales: 41 integrantes de Guerreros Unidos; 71 policías: cinco federales, tres federales ministeriales, siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco y 45 de Iguala; tres funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR); el exsecretario de seguridad estatal de Guerrero; el expresidente municipal de Iguala; la expresidenta del DIF de Iguala y 14 elementos de la Sedena, que tampoco han declarado ministerialmente dónde están los restos de los normalistas.
Padres rechazaron informe
La narrativa oficial, de 34 páginas, es el documento que los padres de los 43 normalistas desaparecidos rechazaron se les entregara en la reunión que tenían agendada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el lunes pasado en Palacio Nacional, a la que el Ejecutivo federal finalmente no asistió; en ese contexto es que se difundió ayer.
“Informe está más cercano a la verdad histórica”
La diferencia de los padres con la narrativa que ofrece el gobierno fue calificada por Vidulfo Rosales, abogado de los padres, como “está más cercana a la verdad histórica que a la realidad”.
Nada de lo que presenta el gobierno como informe a nueve años de los hechos se aprecia como novedoso para las investigaciones ministeriales. Quizás, la aceptación oficial de una relación entre los militares y la delincuencia organizada que operaba en el momento de la desaparición de los jóvenes en el estado de Guerrero y que fue revelado por la DEA, aunque no sustenta que los militares hayan tenido participación activa en los hechos de hace nueve años.
En el texto oficial se establece que “a partir de diversas fuentes existen vínculos entre algunos elementos la Policía Federal y el Ejército que operaban en la región de Iguala con Guerreros Unidos”.
También que “derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto aportados por la DEA, se vinculan con Guerreros Unidos el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, el capitán José Martínez Crespo y el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón”.
Protegían a narcos
En el documento se asegura que los militares recibían dinero del narco y no sólo a cambio de equipo, sino hasta de protección.
En el informe hecho público ayer en la página web de la Presidencia de la República, sin embargo, no se informa que fueron aproximadamente 23 mil mensajes los que interceptó la DEA y entregó al gobierno mexicano, pero que ninguno de estos mensajes se registró durante los hechos ocurridos en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Los mensajes de la DEA no revelan ningún dato de lo que en tiempo real sucedía en Iguala hace nueve años. Falta saber si existen o no mensajes en tiempo real o si existen indicio alguno de éstos.
Mensajes no revelan el paradero de los alumnos
La DEA entregó esos 23 mil mensajes, que no concluyen tampoco dónde están los estudiantes, porque tenía intervenidas las comunicaciones de algunos integrantes de Guerreros Unidos con residencia en Estados Unidos, particularmente en Chicago.
En ese sentido, la agencia estadunidense pudo registrar comunicaciones que se daban entre Guerreros Unidos de Chicago y de Iguala. En ese cúmulo de mensajes no hay ningún dato que indique que hubo comunicación entre ellos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de hace nueve años.
Los primeros registros de comunicación de los Guerreros Unidos de aquí y de allá, relacionados con los hechos se dan después de la una de la tarde del sábado 27 de septiembre. Incluso, de esa forma Los Guerreros Unidos de Chicago se enteran de lo ocurrido en Iguala.
La información hecha pública por el gobierno y anunciada en la conferencia mañanera del presidente López Obrador establece como “posibles causales de la desaparición de los estudiantes” tres hipótesis que fueron hechas desde el inicio de las investigaciones tanto de la procuraduría del estado de Guerrero, como de la Procuraduría General de la República, encabezada por Jesús Murillo, actualmente detenido por este caso, aunque principalmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación de noviembre de 2018.
Confusión de los Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de Los Rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala; la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos al palacio municipal de Iguala, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera; y el trasiego de drogas y la eventual presencia de enervantes, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados. Hipótesis que tampoco son nuevas, ni son concluyentes para dar con el paradero de los restos de los 43 normalistas.
