En julio, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, pidió perdón por otra de esas ejecuciones.
El ejército de Colombia pidió por primera vez perdón a los familiares de 19 de los 6 mil 402 civiles que soldados asesinaron para presentarlos, en algunas ocasiones vestidos de guerrilleros, como bajas del enemigo durante el conflicto armado.
Reconocemos que hubo hechos dolorosos cometidos por integrantes del Ejército Nacional que jamás debieron haber ocurrido”, dijo el comandante de esa fuerza, general Luis Ospina, durante un acto en Bogotá.
Los asesinos y sus cómplices “mancillaron la legitimidad” de la institución, agregó el alto mando. “Ofrecemos nuestras sentidas y sinceras disculpas” y “pedimos perdón”, sostuvo frente a los parientes de las víctimas.
En su mayoría mujeres escucharon las palabras de Ospina y reclamaron conocer la verdad sobre quién dio la orden de asesinar a esos civiles para inflar resultados militares a cambio de recibir beneficios como días de descanso y condecoraciones entre 2004 y 2008 en Colombia.
Que los fusiles no se apunten contra el pueblo nunca jamás”, sostuvo el mandatario, crítico de gobiernos anteriores y antiguos jefes militares.
Desde que colectivos de víctimas empezaron a señalar que jóvenes fueron engañados por integrantes del ejército con promesas de empleo para después dispararles a sangre fría, los comandantes del ejército habían negado que se tratara de una actuación sistemática del ejército de Colombia. Incluso decían que era un invento de organizaciones de izquierda para deslegitimar a la fuerza pública.
Pero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que nació del acuerdo de 2016 que desarmó a la guerrilla FARC, determinó en 2021 que habían sido por lo menos 6 mil 402 las víctimas de esa macabra forma de entregar resultados en la lucha contra las guerrillas.
Conocidos como los ‘falsos positivos’, las ejecuciones de civiles son el mayor escándalo que enloda a los militares en más de medio siglo del conflicto armado interno.
En confesiones ante la JEP, varios militares en retiro han contado cómo convencían a los jóvenes con ofertas de trabajo para luego asesinarlos a cientos de kilómetros de sus hogares. Los jóvenes de Bogotá y Soacha en su mayoría fueron llevados a Norte de Santander, un departamento fronterizo con Venezuela.
La petición de perdón que ha hecho el ejército es inédita en el país; fue durante décadas una petición de múltiples colectivos defensores de derechos humanos.
Algunos manifestaron que eran presionados por sus superiores e incluso han señalado al general Mario Montoya, jefe del ejército entre 2006 y 2008 y muy cercano al expresidente derechista Álvaro Uribe, en cuyo gobierno se cometieron la mayoría de los ‘falsos positivos’.
Por contar la verdad y reparar a las víctimas podrían recibir penas alternativas a la cárcel.
