La tentativa de Samuel García por ser el candidato presidencial de su partido, sin resolver sus pugnas con el Congreso local, detonó una lucha por la gubernatura interina que involucra a los tres poderes y a todos los partidos.
MONTERREY, N.L. (Proceso).- La ambición presidencial de Samuel García agudizó la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo de Nuevo León, al grado de crear una crisis institucional en lo que único seguro es la incertidumbre en la conducción del estado.
La entidad está ante un escenario inédito con tres gobernadores, en un conflicto que se extiende ya a los tres poderes del estado y todo indica que la solución quedará en manos de los tribunales, porque nadie quiere ceder.
El gobernador Samuel García tiene en la mano la licencia aprobada por el Congreso, pero no hay certeza de que la ejerza. El expresidente del Tribunal Superior, el panista Arturo Salinas, tiene en la mano el nombramiento como interino por parte del Congreso y la mayoría del PRIAN, mientras que el secretario de Gobierno Javier Navarro Velasco se apresta a sentarse en la silla del Ejecutivo si su jefe hace efectiva su licencia para buscar la candidatura presidencial del partido Movimiento Ciudadano.
El responsable de esta inédita situación política de la entidad es Samuel García, quien al lanzarse a buscar la Presidencia deja la entidad en crisis, provocada por la incomunicación entre el gobierno y la oposición, acusa Arturo Salinas.
Para el constitucionalista Valdemar Martínez Garza, este conflicto será dirimido en tribunales y la judicialización del proceso de designación de quien sustituya a Samuel García sirve para “dar una revisión a la nueva Constitución el estado”, la cual, afirma, fue elaborada por personas desconocedoras que le metieron mano sin recurrir a los expertos.
El Congreso local. Interés partidista / Foto: https://www.hcnl.gob.mx
El abogado Martínez Garza tiene claro que el Congreso se equivocó al nombrar a Arturo Salinas, quien “es inelegible para asumir el puesto de gobernador interino”, pues rindió protesta mientras era todavía presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, y ningún empleado del Poder Judicial puede ser gobernador, de acuerdo con la Ley.
Al PRI y el PAN, aliados en el Congreso local, les urge ganar la disputa legal tras la impugnación que creó el nombramiento de Salinas, pues si el titular del Poder Judicial resulta impedido legalmente para ocupar el interinato, habrán desperdiciado una oportunidad de oro para ocupar la gubernatura.
En tanto que un decreto publicado por el propio Samuel García en el Periódico Oficial del Estado el pasado 27 de octubre establece que será el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, el que ocupe la posición como encargado del despacho.
En entrevista, el propio Arturo Salinas asegura que será el interino a partir de la licencia de Samuel García, la cual entrará en vigor el 2 de diciembre y por los siguientes seis meses.
Ante las impugnaciones que se le hacen por haber dejado apenas su cargo como presidente del TSJ, alega que eso no representa un impedimento:
“La interpretación es simple y hay muchas tesis y jurisprudencia en el sentido de que esos requisitos a los que hacen mención son de elegibilidad, aplicables cuando alguien va a competir en elección para un cargo público.
“Yo no fui electo, fui designado como gobernador interino y los requisitos de elegibilidad no son aplicables a los casos que el Congreso designa, en uso de su facultad soberana, y el 122 es muy claro al señalar que el Congreso designará al ciudadano que llevará la titularidad interina del Poder Ejecutivo”.
Afirma que no puede rechazar esta encomienda porque la Constitución General señala que la designación del Congreso es irrenunciable, y ratifica que tiene la intención de asumir el interinato.
Por ahora, la atención pública en el estado está centrada en la ruidosa disputa legal por interpretaciones de artículos de las Constituciones estatal y federal para ver quién debe quedarse en el sillón del gobernador.
“Concentración de poderes”, el impedimento
Valdemar Martínez Garza, doctor por la UNAM y quien durante 30 años ha impartido la cátedra de Amparo en la Facultad Libre de Derecho, afirma que el Arturo Salinas está imposibilitado para asumir el interinato, basado en lo que dice la Constitución de Nuevo León:
“Artículo 132: Ninguna persona servidora pública ni empleada del Poder Judicial podrá ser abogado de terceros, apoderado en negocios ajenos, asesor, árbitro de derecho o arbitrador ni tener cargo o empleo alguno del Gobierno o de particulares, salvo los cargos en instituciones educativas o en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia.
“Los impedimentos de este artículo serán aplicables a todos los servidores públicos del Poder Judicial que gocen de licencia, excepto a los Jueces que se desempeñen como consejeros de la Judicatura exclusivamente para ese efecto”.
Dice el especialista en Derecho Constitucional: “El Congreso del estado se equivocó al designar como gobernador interino a Arturo Salinas, quien era magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Al momento de la designación era aún presidente y así compareció. Una vez designado, el Congreso hizo un receso de dos horas y en ese tiempo fue al tribunal, hizo la carta y le concedieron la licencia los plenos del tribunal y del Consejo de la Judicatura”.
Agrega: “(Salinas) fue al Congreso y rindió protesta, sin ser presidente, pero horas antes, cuando lo designó el Congreso, sí lo era y por eso no debió haber aceptado, pues desde la designación se hizo efectivo el nombramiento de interino, no hasta que rindió protesta”.
Efectivamente, al momento de ser designado Salinas era todavía titular del Poder Judicial, como lo expresó en la carta en la que solicita licencia el 25 de octubre, horas antes de rendir protesta, ese mismo día en el Congreso local. Inicia el texto: “En mi carácter de Magistrado Presidente del TSJ y del Consejo de la Judicatura del Estado, elegido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en sesión de fecha 1 de agosto de 2023 (…)”.
