Tras la revisión de la Ley General de Víctimas, a 10 años de su lanzamiento, investigadores universitarios subrayan los riesgos de la militarización.
De entre el 24 al 28% de la población en México ha sido víctima de algún delito o ha visto violados sus derechos humanos, estimó la maestra Nora Robledo, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde la desaparición forzada y hallazgos de fosas clandestinas son la característica principal de los últimos años tras la “militarización” en el país.
Con motivo del décimo aniversario de la Ley General de Víctimas (LGV), la Universidad Iberoamericana (UI) se dio a la tarea de analizar el desempeño de la autoridades en materia de combate a la inseguridad y el comportamiento delictivo en la república.
Por ello, explicó la académica en entrevista para Publimetro, se puede saber que las tareas de seguridad pública a cargo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) no son las más eficientes en materia de restitución de derechos humanos (DD.HH.) y las fiscalías estatales usualmente no entregan las mejores respuestas en relación a este tipo de casos.
