La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se pronunció en contra de considerar la migración como un delito, destacando que se trata de una garantía constitucional y recordando que el libre tránsito está contemplado en la carta de los Derechos Humanos.
Estas declaraciones surgieron en respuesta a la legislación aprobada por el gobierno de Texas, la cual establece que el cruce indocumentado de la frontera se considerará como un delito menor. Además, exige a la justicia estatal ordenar el retorno de los extranjeros a suelo mexicano en lugar de procesarlos en Estados Unidos.
La Cámara de Representantes de Texas aprobó dos proyectos de ley fronterizos, entre ellos el SB3, que destina mil 500 millones de dólares para la construcción de un muro fronterizo, y el SB4, que crea un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente al estado, otorgando a las autoridades el poder de arrestar y a los jueces la facultad de emitir órdenes para expulsar a los infractores a México.
Maru Campos reiteró el compromiso del Estado de Chihuahua de brindar un trato humanitario a las personas en movilidad, subrayando que el tema de la migración es de competencia exclusiva del Gobierno Federal en la definición de políticas que permitan un flujo ordenado.
