Una grave denuncia ha sido presentada por la madre de 5 niños, quienes, según sus declaraciones, 3 han sido víctimas de amenazas y maltrato por parte de su abuelastro. Los padres identifican a sus hijos como María Rivera Vasconcelos de 2 años, Yucari Rivera Vasconcelos de 5 años, y Jesús Gustavo Rivera Vasconcelos, de 11 años.
Según los detalles proporcionados, los menores habrían sido amenazados con machetes por su abuelastro, quien además, según las acusaciones, los encerraba con llave y los sometía a maltratos físicos, como pisarlos, especialmente cuando andaban descalzos.
Los padres de dos menores han expresado su preocupación y frustración ante la presunta negligencia por parte de las autoridades competentes, quienes, según sus declaraciones, han incumplido con pactos de convivencia previamente acordados y ahora desconocen el paradero de los niños, poniéndolos en una situación de riesgo.
La madre, el padre y el Licenciado Jorge Ibarra, portavoz de la familia, han afirmado que, en un principio, se habían establecido acuerdos para llevar a cabo convivencias entre los menores y sus progenitores. Sin embargo, alegan que estas no se han podido materializar debido a supuestas negligencias y falta de coordinación por parte de las autoridades pertinentes.
Los padres de los menores sostienen que, a pesar de los esfuerzos para cumplir con los compromisos acordados, las autoridades no han facilitado ni gestionado las condiciones necesarias para que las convivencias se lleven a cabo de manera adecuada. Además, denuncian que, en este proceso, las autoridades han perdido de vista el paradero de los menores, quienes se encontrarían en una situación de riesgo, sin que se conozcan detalles sobre su bienestar.
Jorge Ibarra, el representante legal de la familia, expresó su desconcierto y molestia por la aparente falta de compromiso y responsabilidad de las autoridades encargadas de velar por el bienestar de los menores. Asimismo, hizo un llamado a las instancias correspondientes para que aclaren la situación y tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y derechos de los niños involucrados.
Ante estas denuncias, la familia espera que las autoridades den respuestas inmediatas y efectivas, asegurando el cumplimiento de los acuerdos establecidos y el resguardo de los menores en cuestión.
