Un informe de la cuenta pública del 2022, de la alcaldía de Juárez, emitida por la Auditoría Superior de la Federación colocó al gobierno de Pérez Cuéllar entre los municipios con más recursos por aclarar. Se estima un faltante de 151 mdp, y diversas reclamaciones como pagos a sobreprecios o procesos de licitación a modo.
El fallo del máximo órgano de fiscalización detalla que el Gobierno Municipal de Juárez falseó además información oficial y pagó por vienes y servicios inservibles e incompletos.
En torno a un análisis de 15 contratos emitidos en el año del estudio, se conocieron irregularidades en la utilización del dinero del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).
A la par, según el análisis, el ayuntamiento dijo haber utilizado los fondos para mejoras en la infraestructura pública, pero la ASF detalló lo contrario.
“Luminarias con sobreprecio, camionetas estropeadas y señalamientos de violar las disposiciones legales vigentes en materia de compras”.
Por ejemplo, en el año en cuestión el Gobierno de Cruz Pérez Cuéllar, pagó 49.8 millones de pesos por la adquisición de 220 camionetas usadas RAM 2019, pero la ASF detectó que de las 220 patrullas, 173 no funcionaban por descomposturas mecánicas y de carrocería, además de que se trataba de vehículos cuyos motores fueron modificados de motor de gasolina a un sistema de combustión de gas, lo que generó problemas y terminaron descomponiéndose.
La Audiroría encendió alertas ante el contrato DCA/SSPM/161/2022, referente a la compra de mantenimiento integral, seguridad, suministro e instalación de cámaras lectoras de placas y soporte técnico para el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata 911 (CERI), así como una plataforma unificada de conectividad comercial, donde reportó el Municipio pagos por 182.3 millones de pesos.
Pero únicamente se había instalado un botón verde y una cámara de las contratadas.
La dependencia, halló otras fuertes irregularidades, y señaló el otorgamiento de contratos millonarios a por lo menos seis empresas, con los cuales hay un evidente conflicto de interés.
Todos estos señalamientos están en investigación por parte de la instancia federal y se desconoce cuándo tendrán algún efecto legal en contra de quien o quienes resulten responsables.
