Chihuahua.- Las viviendas, propiedad del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar, fueron intervenidas tras una denuncia presentada por representantes populares y organizaciones no gubernamentales.
Los elementos de la corporación llevaron a cabo las diligencias de aseguramiento conforme a la ley, en cumplimiento de un mandato judicial otorgado por un juez de control, basado en los artículos 229 y 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Según la carpeta de investigación, una de las residencias tendría un valor comercial aproximado de 26 millones de pesos, y el presunto implicado está identificado con las siglas D.S.P.M.
Valenzuela explicó que el delito de enriquecimiento ilícito implica que el patrimonio del servidor público debe ser coherente con sus ingresos económicos, y que el aseguramiento se llevó a cabo bajo control judicial para determinar el valor actual de los inmuebles, incluyendo mejoras y cambios que pudieran haber aumentado su valor.
El fiscal subrayó la importancia del aseguramiento, ya que el propietario aún podría realizar transacciones con las propiedades mientras están bajo investigación.
El delito en cuestión está contemplado en los artículos 272 y 273 del Código Penal del Estado, como parte de los “delitos por hechos de corrupción” cometidos por servidores públicos.
Valenzuela enfatizó que la acción no es unilateral, sino que se realizó conforme a un mandato judicial y con estricto apego a la ley, y llamó a evitar la confusión y la victimización ante este proceso.
