En un sombrío panorama electoral, México enfrenta una ola de violencia sin precedentes contra los aspirantes a cargos públicos, con 30 candidatos asesinados desde el inicio del proceso electoral 2023-2024. Según una investigación del Colegio de México, la mayoría de las víctimas son aspirantes a cargos municipales, destacando la violencia en el ámbito local.
El estado de Guerrero encabeza la lista de homicidios con 6 casos, seguido por Chiapas con 5, Michoacán y Jalisco con 3 cada uno, y otros estados como Guanajuato, Veracruz y el Estado de México con 2 casos cada uno. Además, se registraron asesinatos en Puebla, Colima, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Oaxaca y Sinaloa.
Morena es el partido con más aspirantes asesinados (10), seguido por el PRI con 6 y el PAN con 5. Movimiento Ciudadano ha perdido 3 de sus miembros, mientras que el Partido Verde ha sufrido 2 bajas. Otros partidos como el PRD y el PT también han visto a uno de sus candidatos asesinados, junto con dos casos de partidos locales en Chiapas.
El primer asesinato ocurrió el 11 de octubre de 2023 con Wilman Monje Morales, aspirante de Movimiento Ciudadano en Veracruz. Desde entonces, la lista ha crecido alarmantemente, incluyendo víctimas como Alejandro Lanuza Hernández del PAN en Guanajuato, Miguel Ángel Cruz Robles de Morena en el Estado de México, y Alfredo Giovanni Lezama Rivera del PAN en Morelos, entre otros.
El gobierno federal ha desplegado a 2,912 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para proteger a los aspirantes, con 469 candidatos actualmente bajo protección. Entre los protegidos están los tres candidatos a la Presidencia de la República, 11 aspirantes a gobernadores, y numerosos senadores, diputados federales y locales, así como presidentes municipales.
La situación resalta la peligrosa mezcla de disputas territoriales, aislamiento geográfico y falta de apoyo gubernamental que enfrentan los alcaldes y candidatos en muchas regiones de México. Mientras la violencia sigue empañando el proceso electoral, la protección y seguridad de los aspirantes se han convertido en una prioridad urgente para las autoridades mexicanas.
Con este alarmante incremento de violencia política, México se enfrenta a un desafío monumental para garantizar elecciones seguras y justas, en un entorno donde el peligro acecha a quienes aspiran a servir a su comunidad.
