México.- Un tribunal federal ha ordenado que en Chihuahua se garanticen servicios de aborto voluntario hasta las 12.6 semanas de gestación. Con esta decisión, ya son 14 de las 32 entidades en México que reconocen la interrupción legal del embarazo.
La resolución respondió a tres amparos interpuestos por organizaciones civiles, entre ellas Marea Verde Chihuahua, AbortistasMx, CHEROS y Red de Aborto Seguro, como parte de una estrategia jurídica nacional para que mujeres, personas trans y no binarias con capacidad de gestar pudieran interrumpir su embarazo.
El Tribunal Colegiado reconoció que las autoridades de Chihuahua están violando los derechos reproductivos al negarse a proporcionar servicios de aborto en hospitales y clínicas.
Aunque la sentencia no obliga al Congreso de Chihuahua a reformar el Código Penal, el juzgado federal determinó que las autoridades estatales violan la Constitución al no garantizar el acceso a estos servicios, infringiendo el artículo cuarto que garantiza el derecho a la libre decisión sobre el propio cuerpo. La información fue publicada por la agencia Forbes.
Antes de esta sentencia, abortar voluntariamente en Chihuahua se sancionaba con penas de seis meses a tres años de cárcel, permitiéndose la interrupción del embarazo solo en casos de violación dentro de un periodo menor a 90 días.
Las colectivas y organizaciones celebraron este logro en una entidad considerada conservadora, y convocaron a la población a conmemorar cada 27 de mayo como el día en que el Poder Judicial protegió los derechos de las personas con capacidad de gestar.
En 2022, entidades como Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo despenalizaron el aborto, uniéndose a Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima, que lo hicieron en 2021. La Ciudad de México despenalizó el aborto en 2007 y Oaxaca en 2019.
Además, en septiembre de 2021, la Suprema Corte invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que castigaba el aborto con hasta tres años de prisión, sentando un precedente nacional para impedir encarcelar a las mujeres que abortan.
La decisión del tribunal en Chihuahua es parte de una estrategia jurídica nacional que busca garantizar los derechos reproductivos en todo México. Las sentencias reconocen los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes, y las autoridades estatales deben garantizar el acceso a servicios de aborto voluntario. Las organizaciones civiles han trabajado colectivamente para lograr estas sentencias, marcando un avance importante en la lucha por la despenalización del aborto en el país.
