Tal vez la broma de “vender” el voto ha ido demasiado lejos. En redes sociales, muchos usuarios han compartido de manera sarcástica el precio que pedirían a cambio de votar por un candidato sobre otro. Sin embargo, estas prácticas están penadas por la ley. Aunque la mayoría de estos comentarios son humorísticos, es sabido que esta práctica ocurre en la realidad, por lo que es importante conocer las posibles consecuencias.
Según la Ley General en Materia de Delitos Electorales, solicitar votos a cambio de dinero, promesas u otras contraprestaciones, o mediante violencia o amenazas, es considerado un delito. El artículo 7 de dicha ley establece sanciones para quien incurra en estas acciones durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.
Las sanciones incluyen una multa de 50 a 100 días y prisión de seis meses a tres años, lo que equivale aproximadamente a entre 5,187 y 10,374 pesos según el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, si el delito es cometido por un funcionario público, la pena puede aumentar hasta en un tercio.
Asimismo, la ley penaliza a quienes obtengan o soliciten una declaración firmada del elector acerca de su intención de voto, o que mediante amenazas o promesas de pago o dádivas comprometan su voto a favor de un partido político o candidato específico. En estos casos, la sanción es de 10 a 100 días de multa, aproximadamente entre 1,037 y 10,374 pesos, además de prisión de seis meses a tres años.
