Brian A. Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, respaldó este miércoles las declaraciones del embajador estadounidense en México, Ken Salazar, respecto a las reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Nichols expresó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que “Estados Unidos y México deben trabajar juntos como socios e iguales para promover la seguridad y la prosperidad en América del Norte. Como socios y amigos, compartimos nuestras preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas”.
Nichols enfatizó que tanto él como Salazar comparten un “profundo respeto por la soberanía de México”, lo que subraya que las observaciones se realizan desde una perspectiva de colaboración.
El respaldo de Nichols se produce en medio de la controversia generada por las críticas de Salazar hacia la reforma judicial incluida en el Plan C del paquete de iniciativas enviadas por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados en febrero. Salazar reprobó, en particular, la propuesta de elección popular de jueces, argumentando que este mecanismo no contribuiría al fortalecimiento de la democracia ni a un Poder Judicial eficaz.
Estas declaraciones provocaron respuestas de varios integrantes de Morena y del propio presidente López Obrador, quien las calificó como “desafortunadas e imprudentes” y mencionó que el gobierno mexicano había enviado una nota diplomática para expresar su inconformidad.
En respuesta, Salazar reiteró que sus preocupaciones son parte de un diálogo honesto y abierto entre ambas naciones, expresando su disposición a discutir con las autoridades mexicanas sobre el modelo de selección de jueces y magistrados.
El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, también compartió preocupaciones similares, lo que llevó al presidente López Obrador a anunciar una “pausa” en la relación con ambos gobiernos, aunque posteriormente aclaró que la pausa era específicamente con las embajadas.
La reforma al Poder Judicial de la Federación, que está siendo discutida en México, propone la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, lo cual implicaría cambios significativos en la estructura y funcionamiento del sistema judicial.
