Chihuahua, Chih.- La reintroducción de los jueces sin rostro o tribunales anónimos en la reciente reforma del poder judicial, destinada a tratar casos de delincuencia organizada, ha vuelto a abrir un debate que, tanto a nivel nacional como internacional, parecía ya superado.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación, señalando que esta figura legal “impide conocer la identidad del juez, lo que dificulta evaluar su idoneidad y competencia”.
A través de sus redes sociales, la ONU-DH destacó que la propuesta, ahora parte de la discusión promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, intenta introducirse en la legislación mexicana, replicando medidas adoptadas por gobiernos latinoamericanos de derecha en la década de 1990, las cuales ya han sido descartadas en esos países.
En México, esta idea ya había sido discutida anteriormente, especialmente después del atentado en agosto de 2010 contra Carlos Alberto Elorza, juez segundo de distrito en Nayarit. Este hecho llevó al entonces presidente Felipe Calderón a considerar la propuesta, argumentando que los jueces “están totalmente expuestos a la venganza de los criminales”. En 2016, el Partido Revolucionario Institucional intentó retomarla tras el asesinato de Vicente Bermúdez, quien fue abatido mientras corría cerca de su casa. Sin embargo, la idea siempre fue rechazada.
Incluso cuando se mencionaron como ejemplos de éxito países como Colombia o Perú, la diputada de Morena, Lidia García Anaya, basó su justificación en una fuente tan poco rigurosa como Wikipedia, sin considerar que esos países abandonaron la propuesta tras una serie de abusos y falta de garantías para las víctimas. La realidad es que el anonimato no ha protegido a los jueces ni ha prevenido la corrupción.
