El gobierno español rechazó rotundamente cualquier implicación en una operación para desestabilizar políticamente a Venezuela, desmintiendo las acusaciones del chavismo sobre el suministro de mercenarios.
Tras la detención de dos españoles en Venezuela, acusados de terrorismo, España reiteró su llamado a una solución democrática y pacífica.
Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la UE, calificó a Venezuela como “régimen dictatorial”, mientras que el Partido Popular exige al gobierno de Sánchez reconocer al líder opositor Edmundo González como presidente electo.
