Familiares de más de 80 mil detenidos en la “guerra” antipandillas declarada en 2022 por el presidente Nayib Bukele han comenzado una campaña para lograr la reanudación de las visitas en las cárceles.
Este martes, alrededor de 200 personas, lideradas por la ama de casa Luisa Hernández, se reunieron en la plaza Libertad de San Salvador, donde abogados del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) ofrecieron asistencia legal para tramitar la excarcelación de quienes consideran “inocentes”.
Luisa Hernández, de 48 años, compartió su angustia tras no poder ver a su hija Adriana, de 24 años, detenida durante casi 20 meses.
No digo que mi hija sea inocente solo porque la parí, sino porque tengo documentos que lo demuestran”, afirmó.
Esta situación es común entre muchas familias salvadoreñas que viven con la incertidumbre de no saber el estado de sus seres queridos.
La “guerra” antipandillas, que ha llevado a la detención de más de 82 mil personas, ha sido efectiva en la reducción de los homicidios en El Salvador, un país que ha luchado durante años contra la violencia pandillera.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado arrestos arbitrarios y abusos en las prisiones, donde las visitas familiares han sido prohibidas desde hace dos años y medio.
La estrategia de Bukele se ha respaldado con un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial, lo que ha generado un clima de temor y confusión entre las familias.
“Que haga lo mínimo”
Luisa Hernández relató que mensualmente llevaba alimentos, ropa y artículos de higiene a su hija en la cárcel de Apanteos, en Santa Ana, a 65 km de la capital. Sin embargo, este mes no pudo hacerlo debido a problemas económicos.
Lo que pedimos al Estado es que haga lo mínimo y levante las restricciones a las visitas de familiares, como ha solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, demandó Hernández.
Las condiciones económicas de las familias que claman por sus seres queridos son precarias.
Somos personas pobres que estamos pagando por los delitos que cometieron otros, solo por vivir en una colonia de bajos recursos controlada por pandillas”, añadió.
La desesperación por la falta de información sobre sus seres queridos es una constante entre los familiares de los detenidos.
Samuel Ramírez, miembro del directorio de Movir, explicó que los testimonios de los presos liberados indican que las cárceles enfrentan una crisis humanitaria.
Las familias no saben en qué condiciones están sus seres queridos: si están vivos, muertos, enfermos o en qué estado de salud”, lamentó Ramírez.
“No lo he vuelto a ver”
Elizabeth Cañas, otra madre afectada, mostró documentos que, según ella, prueban la inocencia de su hijo, Josué Alfaro Cañas, de 27 años, capturado el 3 de julio de 2022.
Ya van más de dos años que lucho diariamente por respuestas y por la libertad de mi hijo. Está injustamente en prisión”, aseguró.
Cañas también destacó que, hasta el momento, no ha podido ver a su hijo ni recibir información sobre su estado.
Los documentos que presenta Cañas incluyen constancias de empleo y diplomas de estudios, que demuestran que su hijo era un trabajador honesto.
Mientras tanto, los familiares de otros detenidos se acercaban a las mesas instaladas bajo los árboles en la plaza, donde un equipo de abogados ofrecía ayuda.
Estamos dispuestos a colaborar llenando formularios y recolectando documentación importante”, explicó la abogada Jaqueline Martínez.
Los documentos recolectados por Movir serán entregados al comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán. Según organismos humanitarios, se estima que alrededor del 30 por ciento de los detenidos en la “guerra” antipandillas son inocentes.
La situación de los presos y la lucha de sus familias continúa generando una creciente preocupación a nivel nacional e internacional, mientras la presión sobre el gobierno de Bukele aumenta para garantizar el respeto de los derechos humanos en el país.
Con este panorama, las madres salvadoreñas siguen alzando la voz, demandando justicia y el derecho a visitar a sus hijos, en medio de una crisis humanitaria que pone en tela de juicio la efectividad de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno.
