Indiana retomará las ejecuciones estatales esta semana, poniendo fin a una pausa de 15 años. Joseph Corcoran, condenado a muerte por el asesinato de su hermano y tres hombres más en 1997, será ejecutado el miércoles antes del amanecer en la Prisión Estatal de Indiana, ubicada en Michigan City. Esta será la primera ejecución estatal desde 2009, aunque el estado fue escenario de 13 ejecuciones federales en 2020 y 2021. La reanudación de esta práctica ha avivado un debate sobre la transparencia, el acceso público y las cuestiones éticas en torno a la pena de muerte, reportó AP.
El 26 de julio de 1997, Joseph Corcoran, que entonces tenía 22 años, disparó contra su hermano mayor, James, y tres hombres más: Douglas A. Stillwell, Timothy G. Bricker y Robert Scott Turner, todos de entre 30 y 32 años. Según registros judiciales, la masacre ocurrió en su hogar en Fort Wayne, Indiana. La tensión en la familia había aumentado porque la boda de su hermana con una de las víctimas -Turner- obligaría a Corcoran a mudarse de la casa familiar.
Esa noche, al escuchar a las víctimas hablando sobre él, Corcoran cargó su rifle y disparó contra los cuatro hombres. En declaraciones posteriores, mientras estaba encarcelado, también se jactó de haber matado a sus padres en 1992, aunque fue absuelto de esos cargos en su momento, de acuerdo con reportes de CBS. Corcoran ha permanecido en el corredor de la muerte desde 1999, cuando fue condenado a la pena máxima. En una declaración escrita reciente, afirmó: “Soy culpable del crimen por el que fui condenado, y acepto los fallos de todos los tribunales de apelación”, según AP.
La controversia sobre la salud mental
Diversas asocianes de Dererechos Humanos en Indiana han propuesto iniciativas para abolir la pena de muerte, argumentando la falta de salud mental para los condenados (AP Photo/Darron Cummings)
Kelly Ernst, hermana de Corcoran y también víctima indirecta del crimen, ya que perdió a su hermano James y a su prometido Robert Turner, ha expresado su oposición a la pena de muerte. En declaraciones recientes, Ernst destacó que su hermano padece una grave enfermedad mental y cuestionó la utilidad de la ejecución para lograr justicia.
“Creo que es bastante obvio que tiene una enfermedad mental seria”, afirmó Ernst, quien señaló que no ha podido dormir durante semanas pensando en la ejecución. También expresó su creencia de que la pena capital debería ser abolida y que la muerte de su hermano “no cambiará ni resolverá nada”, de acuerdo con declaraciones recogidas por AP y ABC. Durante más de una década, Ernst no tuvo contacto con su hermano, aunque recientemente retomaron comunicación. Afirmó que no planea asistir a la ejecución.
La ejecución de Corcoran ha despertado un debate sobre la competencia mental de los condenados a muerte. Sus abogados han argumentado que el hombre padece esquizofrenia paranoide severa, que se manifiesta en alucinaciones auditivas y delirios. Según un escrito presentado el miércoles ante un tribunal federal, Corcoran cree que los guardias lo torturan con una máquina de ultrasonido y espera que la ejecución lo libere de ese sufrimiento. A pesar de estas alegaciones, la Corte Suprema de Indiana rechazó detener la ejecución y no permitió evaluar su competencia mental. En una carta escrita a mano, Corcoran aseguró que no deseaba seguir litigando su caso, aceptando su culpabilidad y las decisiones judiciales, informó AP.
Indiana suspendió las ejecuciones por falta de fármacos letales
Indiana, al igual que otros estados, había suspendido las ejecuciones por falta de fármacos letales que muchos laboratorios se niegan a fabricar ante la oposición a la pena capital (Imagen Ilustrativa Infobae)
Indiana no ha llevado a cabo ejecuciones estatales desde 2009, cuando Matthew Wrinkles fue ejecutado por el asesinato de su esposa y dos familiares en 1994. Desde entonces, la dificultad para obtener fármacos para la inyección letal suspendió estas prácticas.
El problema principal ha sido la negativa de muchas farmacéuticas —especialmente en Europa, donde la oposición a la pena de muerte es más fuerte— a vender sus productos para este propósito. Esto llevó a Indiana y a otros estados a recurrir a farmacias de compuestos, las cuales fabrican medicamentos específicos para clientes individuales. En el caso de Corcoran, se usará pentobarbital, un sedante criticado por expertos por el sufrimiento que puede causar durante las ejecuciones. La fuente del fármaco permanece en secreto, amparada en una ley estatal que protege la identidad de los proveedores de este tipo de drogas.
En cuanto a los procedimientos, Indiana es uno de los dos únicos estados del país, junto con Wyoming, que no permite a los medios de comunicación presenciar las ejecuciones. Esto ha sido criticado por organizaciones como el Death Penalty Information Center, que argumenta que el acceso mediático es crucial para supervisar la legalidad de los procesos y el uso de recursos públicos.
El estado solo permite la asistencia de ciertos testigos, como familiares de las víctimas, del condenado, personal médico y espiritual. Sin embargo, muchas organizaciones consideran que la exclusión de la prensa limita la transparencia y dificulta la rendición de cuentas en el uso de la pena capital.
