Dos agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla fueron separados de su cargo y están bajo investigación luego de un incidente que generó indignación en redes sociales. Un video difundido muestra cómo los oficiales sometieron al hombre equivocado mientras intentaban ejecutar una orden de aprehensión, suscitando críticas hacia su actuación y renovando cuestionamientos sobre los protocolos de la corporación.
El caso ocurrió el pasado 16 de enero en el Boulevard Mártires del 2 de Octubre, en la ciudad de Puebla. Según los reportes, los agentes interceptaron a Javier “N” mientras transitaba por la calle, asegurando que tenía una orden de aprehensión en su contra. Ante el desconcierto, el joven intentó resistirse, pensando que estaban intentando privarlo de su libertad, lo que llevó a los oficiales a someterlo con fuerza.
En la grabación difundida en redes sociales se observa cómo uno de los agentes utiliza su brazo derecho para aplicar presión en el cuello de Javier “N”, mientras intentan inmovilizarlo en el suelo. Este acto, además de ser considerado excesivo por internautas, provocó una reacción inmediata de rechazo hacia la actuación de los elementos de la fiscalía.
La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado el viernes 17 de enero, en el que informó que los agentes involucrados ya fueron separados de sus cargos mientras se lleva a cabo una investigación interna. Asimismo, la dependencia destacó que este tipo de acciones no reflejan los valores institucionales ni el compromiso con la justicia que promueven. “La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con los principios de legalidad, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, como parte de una justicia verdadera que todas y todos merecemos”, señalaron.
El incidente ha generado un debate sobre la capacitación y los protocolos que siguen los elementos de seguridad al ejecutar órdenes de aprehensión. Activistas y ciudadanos han exigido que se implementen medidas más estrictas para garantizar que estas acciones se realicen respetando los derechos de las personas y evitando confusiones que puedan poner en peligro su integridad.
El caso de Javier “N” pone de manifiesto la importancia de fortalecer las prácticas policiales y judiciales en el país, así como de asegurar la rendición de cuentas por parte de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Mientras tanto, la investigación continúa, y se espera que la FGE determine las responsabilidades correspondientes a los agentes implicados.