El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. La medida, una de las promesas migratorias más radicales de su administración, enfrenta serios obstáculos legales y prácticos.
La ciudadanía por nacimiento garantiza que cualquier persona nacida en territorio estadounidense es automáticamente ciudadana, incluyendo a hijos de inmigrantes indocumentados. Trump calificó esta política como “ridícula” y sostuvo que el texto de la Enmienda 14 ha sido malinterpretado por décadas, argumentando que no aplica a hijos de personas que están en el país de manera irregular.
Sin embargo, expertos legales señalan que la Constitución solo puede ser modificada mediante un proceso complejo que requiere la aprobación del Congreso y la ratificación por tres cuartas partes de los estados. “Es prácticamente imposible cambiar la Enmienda 14 a través de una orden ejecutiva”, explicó Elizabeth Wydra, presidenta del Centro de Responsabilidad Constitucional.
Impacto y críticas
La medida podría afectar a unos 3.7 millones de niños nacidos en Estados Unidos de al menos un progenitor indocumentado, según estimaciones del Censo. Además, los expertos advierten que implementarla sería un desafío logístico, ya que requeriría que las agencias federales verifiquen el estatus migratorio de los padres antes de emitir certificados de ciudadanía, un cambio que complicaría significativamente el proceso.
Incluso juristas conservadores, como James Ho, juez designado por Trump, han argumentado que la Enmienda 14 garantiza la ciudadanía a casi todos los nacidos en Estados Unidos, incluidos los hijos de inmigrantes en situación irregular. “La obediencia a las leyes de Estados Unidos no depende del estatus migratorio”, escribió Ho en un artículo de 2009.
Reacciones y controversia
La propuesta ha generado reacciones polarizadas. Mientras los críticos advierten sobre las implicaciones constitucionales y humanitarias, los partidarios de la medida la ven como un paso necesario para frenar la inmigración ilegal.
A pesar de los desafíos legales y logísticos, Trump continúa defendiendo su propuesta, señalando que es un esfuerzo por proteger la soberanía y el sistema migratorio del país. Sin embargo, su implementación parece estar lejos de ser una realidad inmediata, enfrentando una posible batalla en los tribunales y en la opinión pública.
