El decreto firmado por Donald Trump que pone fin a la financiación gubernamental para cirugías de transición de género de menores ha generado controversia, especialmente entre las comunidades y defensores de los derechos de las personas transgénero. Esta medida se enfoca en eliminar el financiamiento federal para procedimientos quirúrgicos y químicos de transición, como la administración de bloqueadores de la pubertad para menores.
En su decreto, Trump describe este tipo de tratamientos como “procedimientos destructivos” y argumenta que deben terminar para evitar “la mutilación y esterilización” de menores. Esta postura también se refleja en su denuncia sobre lo que él considera una “peligrosa tendencia”, un punto que ha sido ampliamente criticado por activistas y expertos médicos, quienes defienden que la atención médica adecuada a las personas transgénero, incluidos los procedimientos médicos y hormonales, es crucial para su bienestar y salud mental.
Además, el decreto limita el acceso a estos tratamientos en programas de seguro de salud como Medicaid y Medicare, afectando a muchas personas de bajos recursos y a veteranos. También establece la posibilidad de que los padres y los menores afectados demanden a los profesionales médicos que hayan realizado estos procedimientos, lo que ha generado preocupaciones sobre la posible criminalización de médicos que brindan cuidados adecuados a la comunidad transgénero.
Este decreto es parte de una serie de medidas restrictivas que Trump ha promovido a lo largo de su mandato, enfocándose en la no aceptación de identidades transgénero en diversas áreas, desde el reconocimiento de géneros hasta la prohibición de su servicio en el ejército. Estas políticas han alimentado el debate sobre la protección de los derechos de las personas transgénero en Estados Unidos, mientras que la Corte Suprema ha mostrado posturas divididas respecto a la legalidad y la regulación de estos procedimientos médicos.
En resumen, el decreto firmado por Trump refleja un enfoque conservador sobre la identidad de género, que ha sido muy polémico tanto en el ámbito político como en el social, exacerbando la división sobre los derechos de las personas transgénero en el país.
