Chihuahua, Chih.- Ayer, Estados Unidos fue escenario de una jornada de protesta en apoyo a los inmigrantes y en rechazo a las políticas del expresidente Donald Trump. La iniciativa, conocida como “Un Día sin Inmigrantes”, llevó al cierre de decenas de negocios y a un alto nivel de ausentismo en escuelas, especialmente en California.
Wendy Guardado, activista de Los Ángeles y una de las organizadoras del movimiento, informó que alrededor de 250 comercios en el país suspendieron actividades en solidaridad con la causa. Además, múltiples distritos escolares en el sur de California reportaron una significativa reducción en la asistencia estudiantil.
El Los Angeles Times citó a una maestra anónima de una escuela primaria en esa región, quien señaló que de 670 alumnos, al menos 390 no asistieron a clases, ya que sus padres decidieron sumarse a la protesta.
El llamado a esta movilización, similar a una protesta realizada en 2017, también afectó el funcionamiento de pequeños negocios y cafeterías dentro del Senado en Washington, donde algunos empleados se ausentaron.
En Chicago, una de las ciudades donde la administración Trump ha intensificado operativos contra la inmigración irregular, se realizaron manifestaciones en apoyo a la jornada. Ana Cacatci, una de las participantes, declaró a NBC Chicago:
“Mis padres emigraron para darnos una vida mejor. Queremos alzar la voz, crear conciencia y recordar que tenemos derechos”.
Muchos negocios hispanos colocaron letreros anunciando su cierre como muestra de solidaridad con la comunidad inmigrante. Para Víctor Narro, del Centro Laboral de UCLA, este tipo de protestas refuerzan la importancia de los inmigrantes en la economía del país, especialmente ante una población envejecida y una baja tasa de natalidad.
El movimiento, que se gestó en redes sociales, instó a los inmigrantes a no acudir a sus trabajos, no llevar a sus hijos a la escuela y evitar cualquier tipo de compra durante la jornada.
Cabe recordar que durante su mandato, Trump eliminó amparos migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350 mil venezolanos y propuso la instalación de 30 mil camas en Guantánamo para inmigrantes indocumentados, medidas que han generado gran controversia.
