El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha generado controversia al implementar una resolución que emplea términos despectivos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para clasificar a personas con discapacidad intelectual. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) publicó la Resolución 187/2025 en el Boletín Oficial, donde se detallan estos criterios para la evaluación de invalidez laboral.
Organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), han condenado el uso de esta terminología, considerándola arcaica y discriminatoria. Estas entidades argumentan que la resolución viola la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado con rango constitucional en Argentina.
Ante la creciente presión social y mediática, la ANDis reconoció que el uso de dichos términos fue un error derivado de una terminología médica obsoleta y se comprometió a modificar la normativa para alinearla con los estándares actuales.
Este incidente ha suscitado un debate nacional sobre la necesidad de actualizar y sensibilizar el lenguaje oficial relacionado con la discapacidad, promoviendo el respeto y la inclusión de todas las personas.
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