El gobierno de Venezuela calificó como un “crimen de lesa humanidad” la deportación de 238 migrantes venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador, donde fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad conocida por albergar a miembros de pandillas criminales.
Las autoridades estadounidenses justificaron la deportación bajo una ley de 1798 que permite expulsiones sin juicio previo, señalando a los detenidos como presuntos integrantes del Tren de Aragua. Sin embargo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, denunció la acción como un “secuestro” y anunció que el gobierno presionará para la repatriación de sus ciudadanos.
Además, Venezuela adelantó que presentará denuncias contra Estados Unidos y El Salvador ante la ONU y otros organismos internacionales. Mientras tanto, familiares de los deportados han pedido a Nayib Bukele y al gobierno estadounidense que revisen cada caso de manera individual, argumentando que muchos de los detenidos no tienen vínculos con el crimen organizado.
Este hecho ha generado tensiones diplomáticas y pone en el centro del debate las políticas migratorias y de seguridad aplicadas en la región.
