La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha estado en el centro de la controversia luego de que se filtrara un audio en el que se escucha dar instrucciones a los diputados de la bancada de Morena en el Congreso local para asignar una parte del presupuesto legislativo a un periodista de Mexicali. El objetivo, según la mandataria, es evitar que el periodista continúe con las críticas hacia su administración.
En el audio filtrado, Ávila Olmeda se dirige a los diputados Jaime Cantón y Juan Manuel Molina, indicando: “Es una instrucción, ayuden a Rubén Gómez”, refiriéndose al periodista encargado de un noticiero en radio y redes sociales. La gobernadora señala que el periodista está “súper sentido” por haber sido excluido de la publicidad asignada a otros medios.
En la grabación, la mandataria también afirma que considera que “Rubén vale la pena traerlo”, sugiriendo que sería mejor asignarle un presupuesto para que deje de criticar su gestión: “No es que cobre una millonada, que necesidad hay que todos los días nos esté golpeando, mejor ayúdenlo, es más es una instrucción”, se escucha decir a la gobernadora.
Este caso no es el primero en generar polémica en relación con el manejo de los medios de comunicación por parte de la gobernadora. En 2021, la mandataria se convirtió en la primera gobernadora de Baja California por Morena, y desde entonces ha estado envuelta en varias controversias con los medios locales. Uno de los episodios más sonados fue el despido de Gustavo Macalpin, conductor del noticiero Ciudadano 2.0 en Canal 66, quien fue despedido después de presentar una sátira que involucraba a Carlos Torres Torres, esposo de Ávila Olmeda, relacionado con su puesto en Proyectos Estratégicos del municipio de Tijuana.
Por el momento, la gobernadora no ha emitido comentarios públicos sobre la reciente filtración ni sobre las acusaciones de censura o intento de control de los medios en Baja California.
La situación ha generado un fuerte debate sobre la relación entre el poder político y los medios de comunicación en el estado, con críticos denunciando un posible uso indebido de recursos públicos para acallar la oposición mediática.
