El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, fue trasladado el 2 de abril al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, ubicado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, tras un cambio en las medidas cautelares dictadas por un juez.
Hasta ese momento, Marín cumplía con prisión domiciliaria desde agosto de 2024, cuando el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó revocar su prisión preventiva justificada debido a su presunta implicación en los actos de tortura hacia la periodista Lydia Cacho en 2005. La jueza Angélica Carmen Ortuño Suárez, responsable del caso en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, consideró que Marín podía enfrentar su proceso en libertad sin que esto representara un riesgo para Cacho.
El traslado de Marín al CEFERESO Número 1 fue parte de un operativo de seguridad, el cual fue reportado por diversos medios locales. Este cambio de medida ocurre en un contexto de atención mediática y tensión en torno al caso, que sigue siendo uno de los más relevantes en la política mexicana debido a las graves acusaciones de tortura y abuso de poder.