Con un costo de 5,764,980 pesos, en octubre de 2012, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) citó al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, junto a ocho prestanombres, para justificar la propiedad de bienes incautados. Entre estos se encontraba la isla “El Frontón”, en Ozuluama de Mascareñas, Veracruz, adquirida presuntamente con recursos provenientes del Cártel del Golfo.
La propiedad, registrada a nombre de Antonio Peláez Pier, incluía diversos artículos y vehículos, como una cuatrimoto Bombardier y un tractor John Deere, además de ser un sitio paradisíaco rodeado de vegetación y las aguas del Golfo de México. Según las investigaciones, la isla fue utilizada para ocultar bienes vinculados a actividades ilícitas.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) inició en 2009 investigaciones contra Yarrington y su sucesor, Eugenio Hernández, por lavado de dinero y nexos con el narcotráfico. En total, se decomisaron bienes por un valor superior a cinco millones de pesos, incluyendo inmuebles, empresas y cuentas bancarias.
En abril de 2017, Yarrington fue arrestado en Florencia, Italia, y posteriormente deportado a México, donde enfrenta las acusaciones por los delitos mencionados. Este caso refleja el impacto de la corrupción y el narcotráfico en México, así como los esfuerzos de las autoridades para combatirlo.
