Más de 25 mil conductores de taxis y transporte público en Acapulco viven bajo amenaza constante del crimen organizado, que ha convertido su trabajo en uno de los más peligrosos del puerto. Obligados a pagar “cuota” o fungir como halcones, quienes se niegan son blanco de represalias, en un clima de violencia que, lejos de ceder, se ha normalizado ante la inacción de las autoridades.
La situación ha generado una crisis silenciosa en el sistema de transporte. La mecánica operativa ha cambiado: los choferes ya no hacen base, se mueven rápido, evitan zonas peligrosas y limitan sus horarios, mientras las tarifas se han incrementado y el número de unidades en circulación ha disminuido.
De enero al 4 de abril de 2025, se han registrado 21 asesinatos de trabajadores del volante, entre ellos una checadora y una mujer conductora. Los ataques, casi siempre con arma de fuego, suelen ocurrir entre las 8 y 10 de la mañana, de 4 a 6 de la tarde y de 9 a 12 de la noche. Algunos cuerpos han sido encontrados desmembrados o encajuelados.
La respuesta institucional ha sido tardía. La Guardia Nacional, Ejército y Marina solo aparecen después de los crímenes. Mientras tanto, la alcaldesa Abelina López y la gobernadora Evelyn Salgado han evitado emitir pronunciamientos firmes. La única explicación oficial ha sido el “reacomodo de grupos delictivos”.
En Acapulco operan al menos tres organizaciones criminales: el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), Los Rusos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes se disputan las rutas de extorsión y control territorial. La presencia del crimen organizado es tal que muchas concesiones de taxis han sido absorbidas por estos grupos, devaluando el precio de los permisos y forzando a conductores a dejar sitios oficiales para no ser ubicados.
La violencia y la extorsión han reconfigurado incluso la vida cotidiana de los usuarios. Para tomar un taxi se hacen filas largas, caminar kilómetros es habitual y subir a una unidad implica, para muchos, encomendarse a Dios.
De fondo, lo que se vive en Acapulco es la cooptación del espacio público. Según expertos, los mercados y el transporte son territorios estratégicos para el control económico y social del crimen. A través de ellos, obtienen ingresos, vigilan movimientos y se disputan poder con el Estado. Los ciudadanos y trabajadores, en este modelo, quedan atrapados entre la extorsión, el silencio y la violencia.
Fuente: Proceso
