La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra de María de los Ángeles García Cahuich, exdirectora general de Vida Silvestre de la Semarnat, por su presunta responsabilidad en la muerte de nueve crías de monos saraguato.
De acuerdo con la denuncia firmada por el presidente de la AZCARM, Ernesto Zazueta, la funcionaria habría ignorado recomendaciones de especialistas al ordenar el traslado de los ejemplares desde Tabasco y Veracruz al Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS) en Los Reyes La Paz, Estado de México. Las crías, que habían sobrevivido a las altas temperaturas y golpes de calor en el sureste del país, murieron tras el cambio de clima, altitud y manejo.
Zazueta sostiene que los monos fueron recibidos en condiciones de salud “regulares”, según consta en un acta de entrega-recepción firmada por inspectores de Profepa. Esta versión contradice los argumentos de la Dirección General de Vida Silvestre, que asegura que los ejemplares ya estaban comprometidos metabólicamente debido a una mala alimentación previa.
El documento señala que expertos primatólogos advirtieron a García Cahuich del riesgo que implicaba el traslado, ante la inexperiencia del personal del CIVS y las condiciones adversas para los animales. Sin embargo, sus advertencias no fueron atendidas.
Según la propia Semarnat, seis de los monos fallecieron en el CIVS tras su arribo y otros tres murieron tras ser devueltos a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre “El Mono del Cacao”, en Tabasco. Solo cuatro crías sobrevivieron: Negrita, Tilico, Carita y Ajenor.
Carlos Valenzuela, responsable de dicha UMA, denunció que la dependencia solo cubrió un mes de cuidados y posteriormente abandonó a los ejemplares sin apoyo médico o económico.
La denuncia exige una investigación exhaustiva y sanciones por las decisiones que, aseguran, condenaron a muerte a los primates rescatados. El caso reaviva el debate sobre el manejo institucional de especies protegidas en México.
