El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto presentado por la diputada Xóchitl Contreras, mediante el cual se pide al presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, asumir su responsabilidad constitucional en materia de regulación y supervisión de obras de construcción, luego de la muerte de dos trabajadores ocurrida en una obra de la ciudad fronteriza.
Durante la sesión del martes, la legisladora local denunció que la tragedia es resultado de una omisión sistemática por parte del gobierno municipal, que ha priorizado la recaudación por licencias de construcción sobre la vigilancia efectiva de las condiciones en que se desarrollan las obras.
El exhorto, aprobado por todas las fracciones parlamentarias, invoca el artículo 115, fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta a los municipios a regular el uso del suelo y otorgar licencias de construcción, pero también les impone el deber de supervisar su cumplimiento.“En Ciudad Juárez seguimos enterrando vidas por la irresponsabilidad.
El día de ayer, dos trabajadores de la construcción murieron aplastados por una barda. Dos familias quedaron destruidas. ¿Y el gobierno municipal? Bien, gracias. Recaudando, sin supervisar”, expresó Contreras desde la tribuna, visiblemente indignada.
La diputada señaló que muchas licencias de construcción se entregan sin inspección ni seguimiento técnico, en flagrante incumplimiento del Reglamento de Construcción del Municipio de Juárez, cuyo objetivo es, precisamente, garantizar la estabilidad de las edificaciones y la protección de las personas.“El artículo 115 de la Constitución es claro: es responsabilidad del municipio garantizar que las construcciones se realicen con seguridad. ¿Dónde estaban sus inspectores? ¿Dónde estaba la supervisión? ¿O acaso no les importa si las obras matan, siempre y cuando dejen dinero?”, cuestionó.
Contreras también advirtió que, aun en el caso de que la obra donde ocurrió el accidente no contara con licencia, eso no exime al municipio de responsabilidad, pues tiene la obligación de detectar y frenar construcciones irregulares antes de que representen un riesgo para la población.
“Esto no es un tema de partidos, es un tema de justicia, de prevención y de compromiso con la vida y la dignidad de nuestra gente. Hoy levantamos la voz por quienes ya no pueden hacerlo. Porque la vida de cada juarense vale más que cualquier permiso mal otorgado”, subrayó la diputada al cerrar su intervención.
