Los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) cancelar 26 candidaturas a cargos de jueces y magistrados por no cumplir con los requisitos constitucionales para ejercer funciones en el Poder Judicial.
De las candidaturas impugnadas, 18 enfrentan investigaciones por delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada. Según los legisladores, estas personas incumplen el criterio de “gozar de buena reputación”, estipulado en los artículos 95 y 97 de la Constitución.
A su vez, otros ocho aspirantes no acreditaron el promedio mínimo de ocho en estudios de licenciatura, requisito indispensable para ser considerados en el proceso. El Congreso argumentó que la falta de preparación académica y los antecedentes penales comprometen la integridad y legitimidad del sistema judicial.
En el informe presentado al INE, se destacó que algunos de los aspirantes han actuado como defensores de individuos vinculados al crimen organizado, lo que representa un conflicto de interés que podría afectar su imparcialidad en caso de ser electos.
Fernández Noroña advirtió que permitir estas candidaturas debilitaría la credibilidad del sistema de justicia, al tiempo que insistió en que la elección por voto popular no debe eximir a los aspirantes del cumplimiento de los estándares éticos y legales.
