Por.- Roberto Álvarez
El asesinato de una madre que enfrentó sola al Estado y al narco
Rubí, la primera víctima
En agosto de 2008, Rubí Marisol Frayre Escobedo desapareció en Ciudad Juárez. Tenía 16 años y era madre de una niña pequeña. La última persona que la vio con vida fue su pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, miembro del cártel de Los Zetas. Días después, este abandonó la ciudad. Su madre, Marisela Escobedo Ortiz, emprendió su búsqueda, presionó a las autoridades y logró que se emitiera una ficha de localización. Más de un año después, en junio de 2009, Barraza fue detenido en Zacatecas y confesó el asesinato, incluso condujo a los agentes al basurero donde había quemado el cuerpo de Rubí.
Las pruebas eran contundentes: confesión, restos óseos, pertenencias de la víctima y señalamientos. Sin embargo, en abril de 2010, tres jueces del Tribunal de Juicio Oral en Chihuahua —Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib Rodríguez— absolvieron a Barraza, argumentando “falta de pruebas contundentes”. Fue liberado. Marisela quedó devastada y en la sala en la que se realizaba la audiencia, solo se escuchaba un llanto desgarrador.
El plantón frente a Palacio
Ese fallo provocó una de las protestas más emblemáticas en la historia reciente del país. En agosto de 2010, Marisela se instaló frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, en la Plaza Hidalgo. Llevaba carteles con la imagen de su hija, pancartas denunciando a los jueces y una firme exigencia: justicia. Era el gobierno de César Duarte Jáquez, quien nunca la recibió.
Durante meses, vivió al aire libre. Participó en marchas, se entrevistó con medios nacionales e internacionales, fue recibida en el Senado y por la CNDH, pero nunca por el Ejecutivo estatal. Alertó que Sergio Barraza estaba libre y que se movía en Durango y Zacatecas bajo la protección de Los Zetas. El Estado, otra vez, no actuó.
Un asesinato con testigos y cámaras
El 16 de diciembre de 2010, mientras organizaba una vigilia frente a Palacio, un sujeto se le acercó, sacó un arma y le disparó en la cabeza. Marisela corrió unos pasos y cayó frente a su hermano, quien la acompañaba. Las cámaras de seguridad del Gobierno del Estado grabaron el crimen. Ningún agente intervino. La activista murió minutos después en el Hospital Central.
Narco detrás del crimen
En 2012, tras un operativo conjunto del Ejército y la entonces PGR, fue detenido en Ciudad Juárez José Enrique Jiménez Zavala, alias El Wicked, sicario de Los Zetas. En su confesión, grabada en video, admitió haber asesinado a Marisela por orden de Sergio Barraza, quien le pagó con droga. Dijo haber cometido al menos 16 homicidios más. Fue sentenciado a 240 años de prisión. En diciembre de 2013, apareció muerto en su celda del Cereso No. 1 en Chihuahua. La versión oficial fue suicidio por asfixia, aunque activistas denunciaron posible ejecución.
Por su parte, Sergio Barraza fue abatido el 16 de noviembre de 2012 por el Ejército Mexicano en Joaquín Amaro, Zacatecas, en un operativo militar sin relación directa con el caso Rubí. Lo mataron a tiros, nunca enfrentó juicio por el feminicidio de su pareja ni por ordenar el asesinato de su madre.
Los otros muertos del caso
Días después del asesinato de Marisela, su cuñado Manuel Monge Amparán fue secuestrado y ejecutado. Su cuerpo apareció encobijado en Ciudad Juárez. En años posteriores, otros familiares fueron amenazados. Juan Manuel Fraire, hijo de Marisela, tuvo que abandonar el país tras recibir amenazas de muerte.
El uso político de su imagen
Con los años, múltiples colectivos, activistas, partidos y hasta gobiernos han intentado usar el rostro de Marisela como símbolo. Su imagen ha aparecido en murales, marchas, campañas y documentales. Sin embargo, su familia ha denunciado públicamente que varias organizaciones de la sociedad civil han lucrado con su memoria, sin consultarles, sin ayudarles en su momento y sin representar fielmente la causa original: justicia real, no discursos simbólicos.
Justicia que nunca llegó
A 15 años, no hay una investigación integral sobre la red de complicidades detrás de los jueces que liberaron a Barraza, ni sobre los funcionarios que ignoraron las denuncias de Marisela. No hubo sanciones para los agentes del Estado que no actuaron el día del asesinato. Nadie pagó por dejarla morir.
Su lucha es una advertencia, no un símbolo vacío. Murió por enfrentar sola al Estado y al crimen organizado. La justicia no la protegió, la política la ignoró y el narco la ejecutó.
POR: ROBERTO ÁLVAREZ
