El Fiscal de la Zona Noroeste, Alejandro Vargas Salas, fue denunciado ante la Dirección de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntamente liderar una red de extorsionadores que, amparados en su cargo y en las insignias ministeriales, por haber exigido supuestas sumas de dinero y un porcentaje de la cosecha a una familia productora de nuez en Buenaventura, Chihuahua, a cambio de supuesta protección.
La denuncia formal fue interpuesta bajo el número de caso único 37-2025-0003519 por tres personas, quienes aseguran estar hartos de las amenazas, chantajes y extorsiones de Vargas Salas y sus subordinados.
En el expediente, al que este medio tuvo acceso, se presentaron documentos, depósitos bancarios y audios que presuntamente prueban el esquema de corrupción al interior de la FGE con sede en Nuevo Casas Grandes.Según el testimonio de las víctimas, la pesadilla comenzó en julio de 2023, cuando González Durán ganó un juicio por la propiedad de 14 hectáreas de nogal cerca de la presa Las Lajas, las cuales habían sido ocupadas por su propio hermano.
Tras la resolución judicial favorable, los conflictos con el antiguo ocupante se intensificaron, por lo que el productor solicitó ayuda a la Fiscalía de la Zona Noroeste.Fue entonces cuando, bajo la asesoría del abogado Alberto Ávalos Renova, con quien sostenían una relación de años, iniciaron los primeros pagos.
“Nos pidió 6 mil pesos para mover unos contactos en la Fiscalía”, detalló González Durán, aunque el dinero fue enviado a una cuenta a nombre de Leonel Hiram Díaz Bustillos.Poco después, el abogado les informó que requerían 90 mil pesos más para obtener la protección del Fiscal y de un ‘Comandante’.
La entrega de ese dinero ocurrió el 25 de noviembre de 2024, en las instalaciones de la carnicería familiar “Nena”, en la comunidad de Ricardo Flores Magón, donde se presentó el supuesto Comandante Díaz, a quien la familia identifica como parte del cuerpo de seguridad del Fiscal, aunque no aparece en los registros de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).Según narró uno de los afectados, tres días después de entregar el primer monto, su padre fue presionado por el abogado para entregar otros 50 mil pesos, con la promesa de que así “quedaría todo arreglado”.
Esta entrega se realizó el 8 de diciembre de 2024 en un punto cercano al puente de Galeana, donde la denunciante vio por primera vez al Fiscal Alejandro Vargas Salas, quien habría recibido el dinero en mano y se retiró escoltado por unidades oficiales.A lo largo del tiempo, la familia asegura haber hecho al menos seis pagos, sumando más de 200 mil pesos, además de aceptar un acuerdo informal para ceder el 35 por ciento de sus cosechas de nogal al grupo extorsionador.
Como parte de estos “acuerdos de protección”, también relataron que agentes presuntamente al mando del Fiscal acudían al negocio familiar por “cortesías”: entre 5 y 10 kilos de carne, tacos o barbacoa para eventos personales, entre ellos una supuesta fiesta organizada por el propio Vargas Salas.
La situación escaló en enero de 2025, cuando la familia solicitó apoyo de otro comandante para intervenir en el huerto tras nuevas agresiones de extrabajadores vinculados al hermano del propietario. En represalia, el abogado Ávalos les advirtió que “los superiores estaban molestos” y que si no entregaban otros 100 mil pesos y el 35% de su próxima cosecha, serían denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción por ingresar a un predio supuestamente en litigio.
La familia, a pesar de tener documentos legales y sentencia a favor, temió ser arrestada y decidió cerrar su negocio y cambiar de domicilio. “Nos dijeron que ni fuéramos a Nuevo Casas Grandes, que ya nos andaban buscando y nos iban a detener”, expresó González Durán.
Finalmente, en abril de 2025 decidieron trasladarse a Ciudad Juárez para presentar denuncia formal ante Asuntos Internos de la FGE. Según fuentes al interior de la corporación, el caso ya se encuentra en investigación, con varias fojas que incluyen registros de llamadas, capturas de pantalla, comprobantes de depósitos y declaraciones por separado de las víctimas.
De acuerdo con información que ha comenzado a filtrarse dentro de la propia institución, no sería el único caso en el que Vargas Salas ha sido señalado por prácticas similares.
Se presume que ha extorsionado a propietarios de predios en disputa agraria o civil, a pesar de que como Fiscal de zona, no tiene competencia directa en dichos asuntos.Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones, y tampoco se ha confirmado si Alejandro Vargas Salas continúa en funciones o ha sido separado del cargo temporalmente.
En tanto, la familia González Valverde ha solicitado medidas de protección, pues aseguran temer por su integridad física y la de sus trabajadores. También han pedido la intervención de organismos de derechos humanos y de la Fiscalía Anticorrupción para garantizar que el caso no quede impune.
