H. Cd. de Chihuahua.- Un tribunal estadounidense le puso un alto a Donald Trump, al prohibirle aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). Esta decisión pone en entredicho una de las políticas económicas más polémicas de su mandato, que ha generado tensiones comerciales, inestabilidad financiera y temor a una recesión.
El fallo, emitido por un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York, responde a siete demandas que acusan a Trump de extralimitarse en sus atribuciones. Los empresarios demandantes sostienen que esa ley no le otorga facultades para imponer aranceles, y que los déficits comerciales no constituyen una amenaza inusual o extraordinaria que justifique una emergencia nacional.
Aunque la administración de Trump ya presentó una apelación, el fallo representa un duro golpe. “No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar una emergencia nacional”, reaccionó el vocero de la Casa Blanca, Kush Desai, defendiendo que los aranceles eran una herramienta para recuperar empleos y aumentar ingresos.
La decisión judicial desmantela las bases legales de los aranceles recíprocos que Trump impuso a 185 países, con tasas entre 10% y 50%, incluidos los gravámenes del 25% a México y Canadá por supuestamente no cooperar lo suficiente contra el narcotráfico.
Cabe destacar que este fallo no aplica a los aranceles sobre acero, aluminio, autos y autopartes (también del 25%), ya que estos se justifican bajo otra ley: la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, la cual sí involucra a México.
Para expertos como Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, esta decisión confirma que los contrapesos funcionan en EE.UU.:
“Debemos observar cómo responde la administración, pero de entrada, es una señal clara de que el sistema judicial opera como un equilibrio ante decisiones unilaterales.”
El caso podría escalar hasta la Corte Suprema, donde se definirá si Trump puede seguir utilizando leyes de emergencia para intervenir el comercio internacional a discreción.
