H. Cd de Chihuahua.- El conflicto que viven más de 700 familias en los fraccionamientos Residencial Los Leones I y II, en el municipio de Aldama, no es solo una disputa vecinal con el desarrollador inmobiliario, sino un reflejo de un problema más profundo: la falta de regulación efectiva en la entrega de servicios públicos en zonas de reciente urbanización.
Se presume que a dos meses de que surgieran denuncias sobre abusos por parte del presunto fraccionador Héctor Serapio Muñoz Arrieta, como el control unilateral de la planta tratadora de agua, la imposición de tarifas no consensuadas, y el cierre de accesos, al parecer el Ayuntamiento de Aldama no ha convocado a una asamblea con los vecinos ni ha asumido su rol de mediador institucional.
Este vacío ha permitido que persista un modelo en el que los servicios públicos, que deberían estar en manos del gobierno local, continúan bajo control privado, sin transparencia ni rendición de cuentas. Por lo que, a pesar de que la mayoría de los lotes han sido vendidos desde principios de 2024, el fraccionador no ha cedido el control administrativo, incumpliendo los compromisos establecidos.
Ante el silencio de las autoridades locales, los vecinos han solicitado la intervención de la gobernadora Maru Campos Galván para restablecer el orden, garantizar servicios públicos bajo supervisión estatal y exigir la realización inmediata de una asamblea que dé voz a los condóminos y frene los abusos.
