El Gobierno de México expresó su firme rechazo a la decisión emitida por la Suprema Corte de Estados Unidos, que desechó la demanda presentada por el país en 2021 contra fabricantes de armas por su presunta responsabilidad en el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano.
La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que continuará agotando todas las vías legales y diplomáticas disponibles para frenar el flujo de armas que, asegura, alimenta la violencia en México y fortalece a los grupos delictivos. “México ha presentado argumentos sólidos sobre el daño provocado por estas empresas y seguirá en la lucha por la paz y seguridad de las familias mexicanas”, sostuvo en un comunicado.
El fallo de la Suprema Corte estadounidense se basó en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que otorga inmunidad legal a fabricantes, al considerar que no se demostró que hayan “facilitado” directamente el tráfico ilícito. Sin embargo, no se pronunció sobre el argumento del “daño próximo” (proximate cause) y devolvió el caso a la Corte de Distrito para continuar el procedimiento conforme a su interpretación.
México aclaró que esta resolución no afecta una segunda demanda presentada en 2022 en Arizona contra cinco tiendas distribuidoras de armas, proceso que sigue en curso. Ambas acciones legales han contribuido, según la cancillería, a visibilizar el impacto del trasiego de armas en foros bilaterales y multilaterales, incluyendo la ONU.
