La Fiscalía General de la República (FGR) desarrolló durante 24 meses un operativo para detener a Silvano Aureoles Conejo, exmandatario michoacano, y siete de sus colaboradores, acusados de un desfalco superior a 3,412 millones de pesos. Las investigaciones señalan que el daño al erario ocurrió durante la compra irregular de cuarteles para la Guardia Civil entre 2015 y 2021.
Documentos filtrados a medios de comunicación revelan que las autoridades federales monitorearon los movimientos del exfuncionario y su círculo cercano, quienes contaban con múltiples propiedades, vehículos registrados en distintos estados y frecuentes viajes al extranjero. Agentes ministeriales incluso intentaron vigilancia con drones, pero se toparon con inhibidores de señal en sus domicilios.
Un juez federal rechazó recientemente el amparo de Aureoles Conejo, al considerar probables los delitos de peculado, operaciones con recursos ilícitos y asociación delictuosa.
La resolución judicial detalla que los contratos se adjudicaron a una empresa sin experiencia mediante sobreprecios, sin documentación que justificara las transacciones. La FGR mantiene activa la orden de aprehensión contra el exgobernador y su equipo.
