H. Cd de Chihuahua.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y senadores de Morena, PT y PVEM acordaron 13 modificaciones a la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tras una reunión con la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del artículo 109, que facultaba al Estado para bloquear plataformas digitales sin orden judicial, sin justificación específica y sin establecer un plazo determinado. No obstante, se mantendrá en el texto legal la definición de plataformas digitales, con miras a su futura regulación en una ley específica.
En respuesta a las críticas de organizaciones civiles y concesionarios expresadas durante cinco foros públicos, también se acordó eliminar las definiciones de “proveedor de plataformas digitales” y “servicios digitales”, con el objetivo de evitar ambigüedades y posibles afectaciones al marco comercial internacional, particularmente al capítulo 18.18 del T-MEC.
Para garantizar un trato equitativo entre el Estado y los particulares en el otorgamiento de concesiones, se establece que el nuevo órgano responsable será un ente desconcentrado, sectorizado a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Estará conformado por cinco consejeros propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.
Si bien se mantiene el artículo 210 que prohíbe la publicidad de gobiernos extranjeros en plataformas digitales, se eliminan los artículos 201 y 202, que pretendían imponer autorización previa de la Secretaría de Gobernación para transmitir contenidos extranjeros.
También se suprime la obligación para los concesionarios de garantizar el “uso correcto del lenguaje”, mientras que el artículo 8, en materia de derechos de las audiencias, será modificado para restituir su redacción actual.
Estos ajustes podrían ser discutidos en un periodo extraordinario del Senado que iniciaría a partir del 23 de junio, aunque diversos sectores han solicitado que el texto final de la ley sea difundido públicamente antes de su votación.
