En un giro inesperado en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México, el expresidente Donald Trump estaría ejerciendo presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum para que investigue y procese a políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado. Según fuentes cercanas al gobierno mexicano, Trump, junto con su equipo, estaría pidiendo la extradición de estos funcionarios a Estados Unidos, si se comprueban cargos criminales relacionados con actividades ilícitas en ese país. La petición ha sido respaldada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien en varias ocasiones ha instado a las autoridades mexicanas a tomar acciones más drásticas.
Las solicitudes formales para investigar a los políticos vinculados al narcotráfico han sido planteadas en al menos tres ocasiones durante reuniones bilaterales entre funcionarios de ambos países. Durante estos encuentros, Estados Unidos ha señalado a varios miembros del partido oficialista Morena, lo que ha generado preocupación en el Gobierno mexicano. Aún más alarmante fue la amenaza de imponer mayores aranceles si México no tomaba medidas contundentes en contra de estos presuntos vínculos con el crimen organizado.
Hasta el momento no se ha revelado ninguna lista oficial de políticos sospechosos, ni se ha confirmado la existencia de pruebas incriminatorias que vinculen a funcionarios mexicanos con grupos criminales. La falta de evidencia concreta ha mantenido el tema como un punto de fricción diplomática entre ambos países.
El gobierno mexicano, por su parte, ha desmentido en varias ocasiones que esté recibiendo presiones directas de Estados Unidos para investigar a sus políticos. A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó las acusaciones, asegurando que las conversaciones se han centrado en encontrar acuerdos basados en el respeto a la soberanía mexicana, la coordinación sin subordinación y la protección de los derechos humanos. La tensión en este tema sigue siendo un punto delicado en las relaciones entre ambos países, especialmente ante las acusaciones de que algunos políticos mexicanos podrían estar bajo la influencia de cárteles de la droga.
