H. Cd. de Chihuahua.- Una protesta convocada por redes sociales terminó en la irrupción a un inmueble, el retiro de cerca de 30 perros de raza y una disputa legal en puerta entre activistas animalistas y el propietario del local, en un caso que exhibió la falta de respuesta institucional y el encono entre ambas partes.
La cita fue lanzada en plataformas digitales por colectivos de rescatistas y defensores de los derechos animales, quienes convocaron a reunirse a las 9:30 de la mañana frente a un local ubicado sobre la avenida Flores Magón y la calle 52, en donde se presumía operaba un criadero clandestino de perros de raza.
La convocatoria fue atendida por al menos 20 personas, quienes llegaron con la intención de liberar a los canes que, según denunciaban, estaban hacinados.
Desde el inicio, las activistas enfrentaron resistencia del propietario del lugar, identificado como Job Jáquez, quien salió a explicar que no se dedicaba a la venta de animales desde hace tres años y que los perros que tenía eran adultos, sus mascotas, y no estaban en situación de comercio.
Aseguró que había cumplido con las observaciones realizadas por personal de Ecología municipal, como instalación de ventilación, extractores y condiciones básicas para los animales.
Pese a ello, las manifestantes transmitieron en vivo desde sus redes sociales solicitando refuerzos para lograr el rescate. Una de las voces más activas fue la de Abby Irigoyen, presidenta de la organización “El Álamo de Zazu”, quien denunció públicamente que dentro del inmueble había alrededor de 30 perros sin acceso al sol, a ventilación ni a cuidados básicos.
Acusó directamente: “Los tiene secuestrados. Es parte de una cadena de explotación. Los animales no humanos también son seres sintientes. Cada vez que compras un perro, formas parte del problema de los criaderos”.
Minutos más tarde, comenzaron a arribar unidades de la Policía Municipal, tras la solicitud de intervención hecha por el propio Job. Los agentes que llegaron explicaron que no contaban con la facultad para ingresar al local sin orden judicial, y que se debía esperar la llegada de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal o de la recién creada Unidad de Rescate Animal, quienes sí tienen la competencia para verificar y actuar.
Durante varias horas, ambas partes permanecieron a la espera. Job insistía en su postura, reiterando que ya no se dedicaba al negocio de crianza, que había cumplido los requisitos impuestos por Ecología, y que los perros eran parte de su familia.
También acusó a las activistas de agresiones verbales, amenazas de muerte anónimas y de operar con intereses económicos detrás del discurso animalista. “Lo raro es que rescatan puros perros de raza y muchos terminan en Estados Unidos. Eso es lo verdaderamente extraño. Me acosan, me gritan, me provocan y cuando les argumento, se hacen las víctimas.
Es divertido que vengan por mis perros, pero no van por los que están muriendo en las calles porque esos no valen dinero”, dijo.
Aseguró que en redes sociales incluso se había promovido “acosarlo hasta el lunes”, y que, aunque entendía las preocupaciones, sus animales estaban bajo cuidado, con alimento, medicamento y refrigeración adecuada para evitar temperaturas extremas.
Por parte de los agentes municipales, se reiteró que solo podían brindar acompañamiento, y que el procedimiento formal implicaba esperar a Protección Animal para la revisión oficial. Sin embargo, la autoridad nunca llegó. Pasaron seis horas sin presencia de Medio Ambiente, lo que elevó los ánimos entre las rescatistas, que consideraron que se estaba incurriendo en omisión de deberes por parte del Estado.
Fue entonces cuando Abby Irigoyen giró una orden directa: rescatar a los perros “a como diera lugar”. Un grupo mixto de hombres y mujeres procedió a forzar la cortina metálica del inmueble e ingresó al local. Una vez adentro, comenzaron a sacar a los perros ( todos de una misma raza) y subirlos a vehículos previamente coordinados.
Job intentó detener el acto, exigió la intervención de los policías, les reclamó que no estaban actuando, pero su petición fue ignorada.
Minutos después de los hechos, Job solicitó un derecho de réplica, mismo que fue concedido por www.enblancoynegro.com.mx, donde declaró que la mayoría de sus animales eran adultos que él había decidido conservar como compañía. Mostró fotografías y videos del interior del local, donde se apreciaban las instalaciones, alimento, refrigeración y medicamentos.
También trajo a colación un caso previo que involucró a un médico veterinario, quien fue acusado por las mismas activistas de acinamiento de animales tras rescatar a una perra llamada Violeta, que había caído en chapopote.
En aquella ocasión, las activistas irrumpieron en la propiedad y la clínica del veterinario, quien aclaró que se trataba de un hospital y que, por normatividad, los animales no pueden estar sueltos en el área médica.
Mientras tanto, la asociación El Álamo de Zazu confirmó en redes sociales que los perros ya se encontraban bajo resguardo, recibiendo atención médica. Abby Irigoyen anunció que, debido a la cantidad de animales y el proceso legal que se avecina, los gastos serán extraordinarios, ya que no se pueden dar en adopción de inmediato y deberán permanecer en hogares temporales.
Por su parte, Job Jáquez anunció que interpondrá una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado contra quien resulte responsable por allanamiento, daños y sustracción de animales. Además, lanzó una acusación pública contra ciertos métodos de adopción que implican pagos o condicionamientos, lo cual, según dijo se contradice con el discurso humanitario.
Finalmente, la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal emitió un escueto comunicado a través de redes sociales donde confirmó “omisión de cuidados por falta de higiene” y advirtió: “No podrán continuar estos perros en un lugar sin las condiciones adecuadas”.
Durante el recorrido en el interior del local comercial, y que fue autorizado por Job Jáquez en la trasmisión en vivo, se mostraron las instalaciones donde permanecían entre 25 a 30 perros.
En redes sociales se han generado varios cuestionamientos, sin embargo ambas partes coincidieron en que el conflicto no hubiera escalado si hubiera existido la presencia fisica por parte de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal o bien de alguna autoridad con las facultades legales para intervenir y tomar acciones inmediatas.
