Un juicio por daño moral se inició contra el diputado del PAN, Saúl Mireles Corral, luego de que una denuncia de abuso sexual interpuesta en 2018 contra su excuñado, Mario René E. B., resultara infundada y basada en su orientación sexual. Aunque el Ministerio Público determinó que no existía delito, el señalado continúa enfrentando secuelas físicas, mentales y profesionales.
Mario René, con el respaldo del Comité de la Diversidad Sexual, encabezado por Karla Arvizo Lozano, llevará en julio al legislador ante un tribunal civil por considerar que los hechos derivaron de una motivación homofóbica. Conoció a Mireles cuando este sostuvo una relación sentimental con su hermana Aztrid durante tres años, etapa en la que procrearon un hijo, aunque no contrajeron matrimonio civil.
La relación concluyó en 2013, poco antes del nacimiento del menor. Desde entonces, el niño alternaba sus estancias entre Cuauhtémoc, con Mireles, y Chihuahua, donde vivía Aztrid junto con Mario René y otra hermana. Tras la separación, los conflictos entre los padres aumentaron, particularmente por la manutención y las visitas, ya que era Aztrid quien debía trasladar al niño a Cuauhtémoc, sin que Mireles asumiera esa responsabilidad.
Según Mario René, su hermana fue objeto de amenazas por parte del legislador, quien aseguraba que le quitaría al niño. En diciembre de 2018, Mireles denunció a Mario René ante la Fiscalía de la Zona Occidente por supuesto abuso sexual contra su sobrino de cinco años, argumentando que le daba “besos chistosos” y que, al ser homosexual, representaba un peligro para el menor. La denuncia fue respaldada por pruebas aportadas por la madre y la hermana del diputado.
La noticia llegó a Mario René por medio de su hermana, quien supo de la denuncia al acudir a recoger al niño en la Fiscalía. Ya en Chihuahua, consultó a un abogado que le sugirió permanecer en resguardo ante la posibilidad de una orden de aprehensión. Pasó un mes y medio encerrado, sin información sobre su situación legal, lo que lo llevó a una crisis emocional severa que culminó en un intento de suicidio.
Con el apoyo de su defensa logró trasladar el caso a Chihuahua, pues el supuesto hecho habría ocurrido en la capital. Esta medida permitió que la investigación avanzara con mayor imparcialidad, ya que en Cuauhtémoc, según sus abogados, el proceso estaba encaminado a formalizar la imputación. La Fiscalía desechó pruebas clave, como dos audios grabados por la madre del diputado, en los que el menor supuestamente relataba el abuso.
Los investigadores concluyeron que el menor fue interrogado de forma inadecuada por personas sin conocimientos especializados. Posteriormente, al ser entrevistado por profesionales en un entorno neutral, el niño mencionó que un familiar le daba besos en la mejilla que no le gustaban, pero no expresó que fueran de índole sexual. Un dictamen de la CEAVE también estableció que no existían elementos que configuraran el delito. En 2019, el Ministerio Público resolvió el no ejercicio de la acción penal. Mireles no impugnó dicha resolución.
Aunque legalmente exonerado, Mario René enfrentó un deterioro severo en su salud. Presentó una crisis hipertensiva que lo llevó a recibir atención de urgencia en la Cruz Roja. Su presión arterial alcanzó los 210/160, y un cardiólogo le diagnosticó hipertensión secundaria relacionada con ansiedad. Fue medicado con ansiolíticos, derivados de serotonina y enviado con un psiquiatra. Pese al tratamiento, la presión se mantenía alta, por lo que acudió con un endocrinólogo. También desarrolló rosácea como respuesta al estrés, por lo que recibió tratamiento dermatológico.
En el ámbito profesional, se vio obligado a suspender su servicio social tras concluir la carrera de Antropología para atender el proceso judicial. Recibía apoyo económico de sus padres mientras trabajaba en su tesis, pero ante la carga de gastos legales y médicos, debió buscar empleo. Llegó a trabajar hasta 15 horas diarias, lo que afectó su desempeño académico. Al reingresar a su universidad en 2024, una investigación interna reconoció que su baja estaba justificada y le permitió concluir su tesis.
Su intención inicial fue denunciar penalmente por discriminación, pero su equipo legal le recomendó la vía civil, dado que Mireles cuenta con fuero constitucional. Debido a la pandemia, tuvo que esperar hasta 2022 para presentar la demanda, misma que interpuso en los juzgados de Cuauhtémoc. Además del diputado, señaló a su madre y hermana como copartícipes de la acusación falsa.
Los tres evitaron la notificación judicial durante dos años. No obstante, el proceso finalmente avanzó. Tras la audiencia preliminar, se espera que el juicio comience en julio. Aunque Mario René no pretendía hacer público el caso, decidió hablar tras detectar maniobras de los demandados para retrasar el juicio. Señaló que lograron que el juez original se excusara, bajo el argumento de falta de capacidad, el cual fue calificado por el juzgador como falaz y ofensivo. Sospecha que la estrategia busca asignar el caso a otro juez susceptible de ser influenciado.
Los demandados presentaron un escrito solicitando trato diferenciado por considerarse personas vulnerables: la madre por ser adulta mayor y la hermana por su género. Mario René rechazó que su demanda se base en cuestiones de género, y sostuvo que su motivación fue la complicidad de ambos en la falsa acusación. Añadió que su única exigencia es una disculpa pública, tratamiento psicológico de calidad y atención médica por los daños ocasionados.
El monto de la indemnización quedará a consideración del juez. Afirmó que no busca lucro, sino justicia, y lamentó tener que revivir constantemente el proceso para explicar que fue exonerado. También reprochó la falta de arrepentimiento de los acusados y su aparente intención de evadir la responsabilidad.
