Alabama fijó para el 21 de agosto la ejecución con gas nitrógeno de David Lee Roberts, un hombre de 59 años condenado por el asesinato de Annetra Jones en 1992. La decisión, tomada por la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, sigue a la autorización de la Corte Suprema de Alabama, que dio luz verde a la ejecución tras considerar agotadas las apelaciones del condenado.
De concretarse, este caso marcará la séptima ejecución con gas nitrógeno en Estados Unidos, consolidando a Alabama como pionero en la aplicación de este método alternativo a la inyección letal. En lo que va de 2025, se han realizado 25 ejecuciones en Estados Unidos, lo que muestra una actividad considerable en la aplicación de la pena capital.
El crimen por el que Roberts fue sentenciado ocurrió la tarde del 22 de abril de 1992. De acuerdo con la fiscalía, Roberts llegó a la vivienda donde Jones se hospedaba con su novio, recogió sus pertenencias, robó dinero y disparó tres veces en la cabeza a la víctima mientras ella dormía. Posteriormente, vertió gasolina u otro líquido inflamable sobre el cuerpo de Jones y prendió fuego a la casa, con la aparente intención de destruir pruebas.
El jurado lo declaró culpable de asesinato capital y, en una votación dividida de 7 a 5, recomendó la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el juez del caso anuló esa recomendación y dictó la pena de muerte, una práctica que Alabama ya no permite en casos de pena capital. La Corte Suprema de Alabama autorizó la ejecución a petición de la oficina del fiscal general del estado, que argumentó que Roberts había agotado todas sus vías de apelación.
El método de hipoxia de nitrógeno, elegido por Roberts como alternativa a la inyección letal o la silla eléctrica, consiste en obligar al condenado a respirar nitrógeno puro a través de una máscara facial, lo que provoca la asfixia por falta de oxígeno. Alabama se convirtió en el primer estado en utilizar este procedimiento en enero de 2024, durante la ejecución de Kenneth Smith. Desde entonces, el estado ha realizado cinco ejecuciones con este método, mientras que Luisiana ha llevado a cabo una, sumando un total de seis ejecuciones con gas nitrógeno.
A pesar de las afirmaciones de las autoridades estatales sobre la supuesta “muerte indolora” que produce la hipoxia de nitrógeno, los testimonios de testigos presenciales han puesto en duda la humanidad del procedimiento. Durante la primera ejecución con este método, Smith experimentó temblores, convulsiones y jadeos durante varios minutos, lo que generó críticas de organizaciones de derechos civiles y profesionales médicos. Estos grupos han cuestionado la ética y la fiabilidad de la hipoxia de nitrógeno como alternativa a la inyección letal, señalando la falta de pruebas concluyentes sobre su eficacia y el sufrimiento que puede causar.
El caso de Roberts ha reavivado el debate sobre la ejecución de personas con enfermedades mentales. Su abogado solicitó una prórroga de la ejecución, argumentando que Roberts, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, es “probablemente incompetente para ser ejecutado” y debería ser sometido a una evaluación médica. En febrero, un médico confirmó el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, y un psicólogo del Departamento Correccional de Alabama (ADOC) observó que Roberts “estaba escuchando voces, despotricando, pensando de manera ilógica y presentando delirios”, según consta en un expediente judicial. El abogado defensor subrayó que la salud mental de Roberts se ha deteriorado tras décadas en el corredor de la muerte.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido que no se puede ejecutar a un preso que padezca demencia y no comprenda la inminencia de su ejecución ni los motivos de la misma. A pesar de ello, el estado de Alabama reconoció que los registros penitenciarios indican que Roberts ha sido diagnosticado con varias enfermedades mentales, pero sostuvo que esto no implica necesariamente incompetencia. “Es posible que Roberts tenga una enfermedad mental, pero eso no significa que desconozca su situación o que sea incapaz de intentar evitar su ejecución”, argumentó un abogado estatal en documentos presentados ante la corte.
