El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, ha generado polémica al culpar a la actual administración estatal, encabezada por Maru Campos, por la reciente decisión de una corte en El Paso, Texas, que desestimó la demanda civil relacionada con propiedades presuntamente adquiridas por César Duarte mediante recursos públicos desviados.
A través de redes sociales, Corral —actual senador por Morena y señalado por la justicia estatal por presuntos actos de persecución política y tortura psicológica— acusó al gobierno estatal, así como al fiscal César Jáuregui Moreno y al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, de no atender los requerimientos del despacho Buzbee Law Firm, encargado del litigio en Estados Unidos.
Sin embargo, el propio Corral omitió mencionar que, durante su administración, que abarcó desde octubre de 2016 hasta septiembre de 2021, tuvo al menos dos años para presentar pruebas contundentes y avanzar en el caso. Durante ese tiempo, se invirtieron millones de pesos en asesoría legal y campañas mediáticas bajo el nombre del “Operativo Justicia para Chihuahua”, que prometía recuperar el dinero robado por Duarte y castigar a los responsables.
Lo cierto es que, más allá del discurso, la gestión de Corral no logró consolidar ninguna sentencia firme ni recuperar bienes significativos. El operativo, que se presentó como emblema de justicia, quedó marcado por la falta de resultados y por procedimientos que se estancaron o terminaron siendo desechados por falta de sustento legal.
Ahora, tras el revés judicial en Texas, Corral ha retomado su papel de crítico en redes sociales, buscando adjudicar culpas al gobierno actual sin asumir su propia responsabilidad en el fracaso de la estrategia legal contra Duarte. El argumento de que “las pruebas jamás llegaron” por complicidad de la administración de Campos contrasta con el hecho de que su propio gobierno también omitió presentar evidencias clave en su momento.
Mientras tanto, el saldo es preocupante: César Duarte acumula resoluciones judiciales favorables, los recursos presuntamente saqueados siguen sin regresar al erario chihuahuense y la ciudadanía continúa esperando que, más allá de discursos políticos, haya justicia verdadera.
