Ante la aprobación de las reformas en materia de seguridad y telecomunicaciones en este periodo extraordinario, el panista Ricardo Anaya Cortés acusó que el gobierno federal tendrá la posibilidad de “espiar” a cualquier ciudadano, y en cualquier momento, sin la necesidad de una autorización judicial.
El coordinador de la bancada albiazul en el Senado expuso que la obligatoriedad de la CURP biométrica y la autorización que tendrá el gobierno federal de acceder a los datos que implica su uso, dejará vulnerable la privacidad ciudadana. Anaya Cortés afirmó que las modificaciones legales abren la puerta para indagar a cualquier persona y no solo a los presuntos criminales.
“Vean hasta dónde llegó el gobierno de Morena. Lo que compres por Amazon, cualquier pedido que hagas por Rappi, por Uber Eats, el hotel en el que te hospedes, si viajas en camión, en avión, tienes que entregar tu CURP biométrica”, señaló el coordinador de la bancada del PAN.
Anaya Cortés acusó al grupo parlamentario mayoritario de aprovecharse del dolor de las madres buscadoras y de la crisis de seguridad del país, para aprobar leyes fast-track sin una reflexión verdadera de los temas. También advirtió contra la eliminación del requisito de orden judicial para la geolocalización, lo que calificó como una seria amenaza a la privacidad de la ciudadanía.
“Entonces, claro, el gobierno con solo teclear tu CURP va a tener absolutamente toda la información de cualquier servicio, de cualquier compra”, expuso en tribuna del Senado de la República.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, rechazó las acusaciones entre los sectores que calificaron la propuesta como una amenaza a los derechos ciudadanos. “no existe un solo artículo que haga alusión a la censura o vigilancia injustificada”, afirmó, señalando que los conceptos de “ley censura” o “ley espía” responden a una narrativa opositora carente de fundamentos legales.
Uno de los ejes clave de la propuesta es la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano desconcentrado que dependerá de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. este ente, diseñado con autonomía técnica y operativa, tendrá a su cargo la regulación de concesiones y autorizaciones para el espectro radioeléctrico, cumpliendo con las exigencias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Además, la iniciativa aspira a cerrar brechas digitales históricas. Monreal destacó que contempla garantizar acceso a internet para toda la población, así como un uso más equitativo del espectro de radio y televisión, priorizando comunidades usualmente excluidas, como niños, mujeres indígenas, personas afromexicanas y otros grupos marginados. En términos de seguridad, la norma incluye medidas para localizar a presuntos delincuentes mediante geolocalización y establece procedimientos que permitirán, previa autorización judicial, intervenir líneas telefónicas. También busca limitar la venta indiscriminada de chips móviles, implementando controles que, en palabras de Monreal, “fortalecerán la seguridad del país”.
