La Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió a las autoridades mexicanas a garantizar una investigación “eficaz, independiente y transparente”, luego del escalofriante hallazgo de 383 cuerpos sin incinerar en un crematorio privado de Ciudad Juárez, Chihuahua. A través de la Oficina del Alto Comisionado en México, la ONU expresó su solidaridad con las familias afectadas y recordó la obligación del Estado mexicano de respetar la dignidad de las personas fallecidas.
“Ante el hallazgo de 383 cuerpos en un crematorio de Ciudad Juárez, nos solidarizamos con las familias. Llamamos a realizar una investigación eficaz y a respetar los derechos de las personas fallecidas, conforme a los estándares del informe de la Relatoría ONU”, expresó la Oficina en un comunicado.
El hallazgo ocurrió el pasado jueves 26 de junio, cuando autoridades estatales irrumpieron en el crematorio “Plenitud”, tras recibir denuncias sobre posibles irregularidades. La escena descubierta resultó estremecedora: cientos de cadáveres —algunos embalsamados, otros en avanzado estado de descomposición— yacían almacenados sin haber sido cremados, a pesar de que las familias habían pagado por ese servicio.
El caso ha desatado una oleada de indignación pública, tanto a nivel nacional como internacional, al evidenciar posibles violaciones graves a los derechos humanos y fallas estructurales en la supervisión del manejo funerario.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua activó un protocolo de atención urgente y conformó un equipo multidisciplinario integrado por 40 funcionarios, entre ellos ministerios públicos, psicólogos y trabajadores sociales. Desde el hallazgo, más de 600 personas han acudido a las oficinas de la FGE en busca de respuestas sobre sus seres queridos.
“Estamos comprometidos con brindar certeza absoluta a las familias. No habrá lugar para la impunidad”, aseguró el fiscal de distrito zona norte, Carlos Manuel Salas, al confirmar que hasta la fecha han sido analizados 96 cuerpos, de los cuales cuatro han podido ser identificados por huellas dactilares.
Asimismo, se realizan procesos de hidratación forense en al menos 15 cuerpos para recuperar datos biométricos, y se continúa con el análisis de restos disociados, por lo que la cifra final de personas fallecidas podría ser mayor.
Hasta ahora, una persona ha sido oficialmente identificada y entregada a sus familiares. Se trata de un adulto mayor cuyo cadáver fue encontrado dentro de una carroza el día del operativo. La familia, que ya había recibido unas supuestas cenizas, logró reconocer el cuerpo gracias a la vestimenta con la que fue velado.
La FGE también informó que cinco funerarias están siendo investigadas por subcontratar servicios con el crematorio “Plenitud”, entre ellas: Luz Divina, Protecto Deco, Del Carmen, Latinoamericana y Amor Eterno. La Fiscalía ha solicitado los expedientes de los últimos cinco años y advirtió que de no colaborar, se les impondrán sanciones.
En este contexto, la funeraria Latinoamericana Recinto Funeral ya fue clausurada por su presunta relación directa con las omisiones en los servicios funerarios.
Organizaciones civiles, colectivos de familias de personas desaparecidas y defensores de derechos humanos también han exigido una estrategia integral para la identificación digna y oportuna de los cadáveres. Reclaman atención psicológica, acompañamiento legal y acceso a la verdad.
Este caso ha vuelto a poner en la mira el cumplimiento del informe de Morris Tidball-Binz, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, quien ha subrayado que el trato a los restos humanos forma parte de los derechos fundamentales.
“La dignidad humana no termina con la muerte. El maltrato o abandono de los restos mortales puede equivaler a tratos crueles, inhumanos o degradantes para los familiares”, destaca el informe, que establece que los Estados están obligados a realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales, con el fin de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
A medida que avanza la investigación, el caso del crematorio “Plenitud” se perfila como uno de los escándalos funerarios más graves registrados en México, exponiendo una profunda crisis en la fiscalización de los servicios post mortem y abriendo un debate urgente sobre la necesidad de reformas estructurales en el sector funerario.
