Mientras en Chihuahua se discute el derecho a la libertad de expresión y se confrontan posiciones sobre supuestos intentos de censura en el país, emergen preguntas sobre la memoria selectiva con que se tratan ciertos capítulos incómodos de la historia reciente del estado.
Uno de esos capítulos es el caso del Banco Unión Progreso y el fideicomiso constituido por el entonces gobernador César Duarte Jáquez y su esposa, señalado por desviar recursos públicos a proyectos privados. Aunque hoy el exmandatario parece decidido a limpiar su imagen con una campaña de relaciones públicas que abarca desde redes sociales hasta espectaculares, vale la pena repasar los antecedentes que lo colocaron en la mira nacional.
En 2012, un reportaje del programa Punto de Partida, conducido por Denise Maerker en Televisa, reveló la opacidad y las contradicciones en torno al fideicomiso con el que Duarte participaba como accionista del Banco Unión Progreso. Fue entonces cuando el gobernador ofreció una de sus declaraciones más recordadas:
Se refería al documento que firmó para constituir un fideicomiso que recibió más de 65 millones de pesos de origen público. El entonces secretario de Hacienda estatal, Jaime Herrera, -quien posteriormente se convirtió en testigo protegido en las investigaciones contra Duarte- habría aportado dinero público para inflar la solvencia del banco, facilitando la triangulación de recursos por montos estimados en más de 80 mil millones de pesos a lo largo de la administración.
En un inusual momento de franqueza —que no deja de ser incómodo—, Duarte terminó reconociendo haber firmado el contrato del Fideicomiso 777437 con Banorte, un documento por 65 millones de pesos, aunque aseguró no haberlo leído.
Al ser confrontado con el documento durante la entrevista, la periodista le mostró la hoja con su rúbrica. Él la identificó sin titubeos:
“Sí lo firmé, ¿sabe usted cuántos papeles firmo al día? ¿Se imagina?”, justificó con desdén. Fue el primer golpe de sinceridad que sacudió la conversación.
La reportera insistió en el monto:
—Pero el fideicomiso debe tenerlo claro, son ¡65 millones! —se admiró.
—Claro, por supuesto que lo firmé; no lo leí, pos a lo macho que no lo leí —respondió él, sin matices.
Pero el discurso cambió rápidamente. El contrato, que en principio presentó como un trámite menor entre muchos papeles rutinarios, se transformó luego en una herramienta esencial para prevenir una crisis social. En su explicación, aseguró que el fideicomiso fue constituido para respaldar financieramente a la Unión de Crédito Progreso en un momento de dificultades.
“El fideicomiso es un depósito de nosotros, nada más, no tiene ninguna instrucción”, explicó. Según dijo, el objetivo era dar un “respaldo moral” a la Unión de Crédito Progreso, argumentando que la institución atravesaba un riesgo financiero que podía haber escalado:
“Era un listado de asociaciones crediticias que se unieron para respaldar el riesgo que podía haber tenido Unión Progreso. Eso se hizo porque hay más de cien mil ahorradores en Chihuahua, más de tres mil accionistas. Hubiese sido una crisis y un problema social muy profundo en el Estado”.
Pese a la magnitud del monto —65 millones de pesos públicos—, insistió en que el fideicomiso carece de instrucciones específicas de operación y que su única función era la de garantizar confianza para proteger a miles de ahorradores y evitar un efecto dominó en el sistema financiero local.
El fideicomiso en cuestión ha sido motivo de cuestionamientos públicos por la aparente falta de transparencia y por la admisión de que se firmó sin revisión. Expertos en finanzas públicas advierten que comprometer recursos estatales en instrumentos poco claros puede derivar en pérdidas millonarias para el erario.
Si bien la Procuraduría General de la República determinó en 2014 no proceder penalmente tras denuncias de actores como Jaime García Chávez, el caso nunca desapareció del todo de la discusión pública. Posteriormente, el gobierno de Javier Corral reactivó las investigaciones por presunto peculado, y Duarte fue detenido en 2020 en Florida y extraditado a México, donde enfrenta cargos que permanecen abiertos.
En contraste con aquel pasado judicial, la estrategia actual del exgobernador ha virado hacia la promoción de una narrativa de reconciliación y olvido.
