H. Cd. de Chihuahua.- Durante el año 2024 se registraron 34 partos en niñas de entre 10 y 16 años en el municipio de Parral, una cifra alarmante que evidencia la persistencia del embarazo infantil en la región, según datos de la Secretaría de Salud a nivel nacional.
Este fenómeno no es exclusivo de Parral. Otros municipios cercanos también reportaron casos preocupantes: Allende encabezó la lista con 41 nacimientos, seguido de Matamoros con 21, Santa Bárbara con 11, Jiménez y López con 4 cada uno, San Francisco del Oro con 3 y Coronado con 1.
A nivel estatal, Chihuahua acumuló un total de 2,181 partos en menores de edad, lo que equivale a 58.3 nacimientos por cada 100 mil habitantes, posicionando al estado en el décimo lugar nacional en este indicador.
El contexto nacional también resulta inquietante: uno de cada 25 niños nacidos en México en 2024 tiene como madre a una niña, y 56,610 menores de 16 años dieron a luz este año, de las cuales 1,652 tenían entre 10 y 13 años.
Diversos colectivos feministas han señalado que muchos de estos embarazos son producto de violencia sexual, ya que en numerosos casos los padres superan los 30 años de edad. La propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente la gravedad de esta situación y la calificó de “inaceptable”.
A pesar de que desde 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación prohibió el matrimonio infantil, 586 menores de 16 años reportaron estar casadas, y más del 72% viven en unión libre con sus parejas.
Las consecuencias del embarazo infantil van más allá del ámbito médico. Según los datos, el 53% de las niñas madres abandonaron la escuela antes de concluir la secundaria, lo que perpetúa el círculo de pobreza y la dependencia económica. Además, el 9% de las adolescentes madres en 2024 ya cursaban su segundo embarazo, y 587 niñas han tenido tres o más partos antes de cumplir los 17 años.
México continúa siendo el país con la mayor tasa de natalidad adolescente de la OCDE, lo que ha generado un llamado urgente desde autoridades y organizaciones civiles para implementar políticas públicas más firmes en materia de prevención, educación sexual integral y protección efectiva de niñas y adolescentes.
“La maternidad infantil no solo es una emergencia de salud pública, sino una forma de violencia que destruye el futuro de miles de niñas”, advierten activistas.
