La violencia en el norte de Veracruz cobró una nueva víctima: Irma Hernández Cruz, una maestra jubilada de 62 años que, tras retirarse de la docencia, trabajaba como taxista en el municipio de Álamo Temapache. Su muerte, ocurrida tras haber sido secuestrada por un grupo criminal, ha generado indignación en la comunidad y entre el gremio de taxistas, quienes desde hace meses denuncian amenazas y extorsiones por parte del crimen organizado. Según confirmó la gobernadora Rocío Nahle García, la víctima habría sufrido un infarto derivado de la violencia extrema durante su cautiverio.
La mandataria estatal explicó que fueron peritos forenses quienes determinaron que el infarto estaría relacionado con las agresiones sufridas. Detalló que soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional encontraron un predio abandonado donde los secuestradores mantenían a la mujer cautiva. Al llegar las fuerzas de seguridad, los criminales huyeron, dejando en el lugar armas de alto calibre, chalecos y vehículos.
El caso ha escalado hasta la presidencia de la República. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gabinete de Seguridad federal colabora activamente con la Fiscalía de Veracruz y con la Gobernadora para esclarecer los hechos y garantizar que no haya impunidad. “Desde que se denunció la desaparición de esta persona hubo colaboración con el Gabinete de Seguridad”, sostuvo la mandataria federal.
Irma Hernández fue secuestrada el pasado 18 de julio mientras conducía el taxi con número económico 554. Un video difundido en redes sociales mostró a la maestra arrodillada, rodeada de hombres armados, obligada a pronunciar un mensaje intimidatorio dirigido a otros taxistas: “Compañeros taxistas, paguen su cuota. Con la mafia no se juega”. La escena causó profundo rechazo en la opinión pública, convirtiéndose en símbolo de la violencia que enfrenta el gremio del transporte en Veracruz.
El secuestro de Irma no fue un hecho aislado. Días antes, Jorge Néstor P., un líder taxista de la región, también fue privado de su libertad en circunstancias similares. Ambos casos revelan una alarmante situación en la zona norte del estado, donde la extorsión conocida como “cobro de piso” se ha convertido en una amenaza constante para trabajadores del transporte público. Las autoridades estatales han prometido que no habrá impunidad, mientras la sociedad exige justicia y un alto a la violencia.
