Luisiana, Estados Unidos – Candace M. Taylor, apodada la “millonaria de Medicaid”, fue arrestada bajo la acusación de fraude a los beneficios gubernamentales, solicitando y renovando beneficios de Medicaid, el programa de seguro médico para adultos y niños de bajos ingresos, financiado y administrado en parte por los estados y el gobierno federal de Estados Unidos. La detención se produjo el lunes veintiocho de julio, después de que el Departamento de Salud de Luisiana presentara una denuncia ante la Oficina de Investigaciones del estado.
La investigación sostiene que Taylor mintió reiteradamente sobre sus ingresos para acceder a Medicaid y, con los fondos obtenidos, financió la compra de vehículos de lujo, intervenciones de cirugía estética y otros artículos de alto valor. El análisis de sus cuentas bancarias reveló que, entre enero de dos mil veinte y diciembre de dos mil veinticuatro, sus seis empresas generaron más de nueve punto cinco millones de dólares. El análisis de sus cuentas bancarias mostró depósitos por cuatrocientos ochenta mil novecientos noventa y cuatro punto cero nueve dólares, de los cuales más de trescientos veinticinco mil dólares provenían directamente de sus actividades comerciales, evidenciando una discrepancia significativa entre sus ingresos reales y los declarados.
El caso se remonta a mayo de dos mil diecinueve, cuando Taylor, utilizando el alias “Candace Sailor”, intentó por primera vez acceder a Medicaid. En esa solicitud, declaró ingresos quincenales de mil novecientos dólares y afirmó no tener dependientes, lo que llevó a la denegación de la ayuda por superar el umbral de ingresos permitido. Menos de un año después, volvió a presentar una solicitud con el mismo nombre mal escrito, sin que coincidieran los datos sobre dependientes. En dos mil veinte, a pesar de haber sido aprobada para Medicaid y no haber declarado ingresos, sus cuentas bancarias ya reflejaban movimientos por cientos de miles de dólares, lo que llamó la atención de los investigadores.
La declaración jurada presentada por la fiscalía detalla que, entre dos mil veintiuno y dos mil veinticuatro, Taylor transfirió decenas de miles de dólares entre sus cuentas personales y comerciales, y que sus ingresos personales superaron de forma sistemática los límites de elegibilidad para Medicaid. Durante ese periodo, realizó operaciones financieras de alto valor, como una transferencia bancaria de cien mil dólares a Tactical Fleet, un concesionario de automóviles exóticos, y pagos por cuarenta y cinco mil ochenta y seis punto sesenta y cinco dólares a Audi Finance para la adquisición de vehículos. Además, efectuó una transacción con tarjeta de débito por trece mil dólares para la compra de un Lamborghini Urus dos mil veintidós. Las autoridades también identificaron múltiples retiros de seis cifras mediante cheques de caja, destinados a la compra de propiedades, joyas de alta gama, servicios de lujo y procedimientos de cirugía plástica, lo que subraya la ostentación de su estilo de vida.
La investigación se apoyó en el análisis de los registros fiscales de Taylor y en el seguimiento de su actividad en redes sociales, donde exhibía abiertamente su estilo de vida lujoso. Según la oficina de la fiscal general, Taylor no solo omitió declarar sus verdaderos ingresos, sino que también intentó renovar sus beneficios de Medicaid en dos mil veinticuatro, alegando que percibía cuatro mil dólares mensuales de un negocio no identificado, sin revelar que era la propietaria de la empresa. El proceso que llevó a la detención de Taylor comenzó cuando el Departamento de Salud de Luisiana detectó inconsistencias en sus declaraciones y presentó una queja ante la división de investigación criminal del Departamento de Justicia estatal. La denuncia señalaba que Taylor había cometido fraude al declarar ingresos inferiores a los reales para recibir los beneficios de Medicaid. Tras citar sus registros fiscales al Departamento de Ingresos de Luisiana, los agentes confirmaron la adquisición de un Lamborghini y otros bienes de lujo.
Taylor fue ingresada el veintiocho de julio en la prisión parroquial de East Baton Rouge. Hasta el treinta y uno de julio, no se había confirmado si contaba con representación legal. La investigación permanece abierta, según la oficina de la fiscal general de Luisiana, quien busca que se haga justicia en este caso de fraude a los beneficios públicos.
